Un estudio de los profesores Luis Garicano y Vicente Cuñat, de la London School of Economics, estableció en 2009 una relación entre el mayor grado de politización, la menor experiencia profesional y un nivel académico inferior de los consejeros de las entidades financieras con su mayor propensión a incurrir en errores de gestión.
Aunque para muchos autores fue suficiente para explicar la crisis de gran parte de las cajas de ahorros españolas, ese patrón interpretativo, aunque merece atención, no resuelve por qué las cajas vascas y otras sobrevivieron a la hecatombe (y con solvencia) pese a tener más políticos que algunas que desaparecieron con estruendo. Tampoco sirve para determinar por qué el Banco Popular se introdujo en la burbuja inmobiliaria cuando nunca lo había hecho y se dejó arrastrar por ella cuando en su consejo había profesionales muy estimables, inversores versados y ninguna representación política y sindical.
El 'caso Banesto'
Banesto se hundió en 1993 con una notable presencia en su cúpula de familias con larga experiencia bancaria, profesionales reconocidos, empresarios con larga ejecutoria y un catedrático versado en crisis financieras. Lo mismo cabe decir de los grandes bancos privados de Estados Unidos y Europa que tuvieron que ser rescatados por sus Gobiernos, pese a que, a diferencia de las cajas de ahorros, cotizaban en Bolsa y estaban sometidos por ello al escrutinio de sus accionistas, del mercado, los analistas, brockers y fondos, y no sólo al de sus órganos y auditores, con lo que se presupone un mayor control de su actividad y deriva económica.
La declaración final de la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh (Estados Unidos), el 25 de septiembre de 2009, acusó de la crisis al "riesgo imprudente e irresponsable asumido por los bancos y otras instituciones financieras", a los "riesgos excesivos" y a una "conducta temeraria y falta de responsabilidad" en la gestión.
