La expropiación del Banco Popular por los reguladores europeos fue apoyada por el Gobierno, del Partido Popular, que lo justificó por el interés general y porque se evitó un gran coste para el erario público. Los accionistas (el 90% eran pequeños inversores) y los tenedores de bonos y deuda subordinada perdieron sus ahorros, pero la alternativa, dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, era peor: un proceso concursal.

Esta solución es análoga a la que el PSOE aplicó con los 20 bancos de Rumasa en 1983 y que el PP (entonces AP) condenó como violación de la propiedad privada. Su líder le colgó el teléfono a Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, por pedirle que apoyara la expropiación para proteger la estabilidad financiera. Los bancos de Rumasa fueron adjudicados al resto de bancos y ahora el Popular se vendió por un euro al Santander.