Los votos en contra del Partido Popular no impidieron que el Congreso aprobase esta semana una proposición no de ley que exige al Gobierno que junto con la Xunta recupere la titularidad pública de las centrales hidroeléctricas que Ferroatlántica explota en los ríos Xallas y Grande si logra la segregación de esta actividad de la de fabricación de ferroaleaciones. Ferroatlántica, integrada en la multinacional Ferroglobe, solicitó el pasado 11 de mayo un permiso a la Xunta para que modifique la concesión, actualmente vinculada a la actividad industrial, para poder vender los saltos de agua -una operación expresamente vetada por la concesión- a un fondo canadiense.
La proposición presentada por Yolanda Díaz de En Marea, dentro del grupo Unidos Podemos, en la comisión de Economía del Congreso pretendía obtener el apoyo a cuatro puntos; el primero y más importante era impedir la segregación de las actividades energética e industrial, pero no salió adelante. El punto 2 sí que fue respaldado y en él se expresa "Asegurar, conjuntamente con la Xunta, la recuperación para el dominio público de las concesiones hidroeléctricas de forma que la producción de las mismas siga estando, de manera primaria, al servicio de la producción de ferroaleaciones de la factoría de Cee, si la empresa pretendiera llevar a cabo la mencionada segregación". Recibió 17 votos a favor, quince en contra y cuatro abstenciones.
Obviamente cumplir esta proposición queda en manos del Gobierno, que tendría que negociar con la Xunta, que es la que tiene las competencias sobre estas concesiones otorgadas por Augas de Galicia y la que tiene pendiente de resolver la petición de la empresa. A ella, se oponen los trabajadores de Cee y Dumbría, que advierten de que eliminar esa vinculación supondría firmar la sentencia de muerte de las fábricas. La Xunta prometió responder a la petición de Ferroglobe a lo largo de este mes.
