La empresa Ferroatlántica, propietaria de las centrales hidroeléctricas existentes en los ríos Xallas y Grande, ha anunciado hoy que recurrirá la decisión de la Xunta de no autorizar la segregación pretendida por la compañíasegregación para las actividades desarrolladas en estas instalaciones.
En un comunicado, la empresa se ha mostrado todavía "convencida de que dicha cláusula constituye una disposición ilegal" y que además no se atiene, "por anacrónica", a la "realidad industrial de la compañía".
Para Ferroatlántica, la decisión de la Xunta es un "ejemplo de discriminación en el libre ejercicio de la actividad económica", por lo que presentará recurso, primero ante la propia Administración, y, si fuese necesario, ante la justicia "por vía contencioso-administrativa y cualesquiera otras instancias donde la empresa pueda hacer valer sus derechos".
La compañía había solicitado al Gobierno gallego la devolución al régimen original de la concesión amparándose en un informe elaborado por dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que sostenía que la Xunta "carecía de base jurídica para negarse a la petición", ya que, de hacerlo "incurriría en una arbitrariedad".
Por estos motivos, desde Ferroatlántica tachan de "flagrantemente contraria a derecho" la negativa del Gobierno gallego, ya que entienden que "vulnera la libertad de empresa y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
Del mismo modo, la empresa advierte de que el rechazo a la solicitud impide que se aplique en Galicia el plan de futuro por el que Ferroatlántica iba a invertir en la comunidad 100 millones de euros "para mejorar sus capacidades y promover una nueva fábrica de silicio solar".
La negativa tiene además por consecuencia que la compañía aborte la implantación del proyecto de silicio solar en Galicia y que busque una nueva localización "allá donde las condiciones económicas, industriales y sociales sean más favorables".
Por todas estas razones, la empresa considera que la Xunta "perjudica gravemente los intereses de Galicia al despreciar la creación de 200 empleos directos y 300 indirectos en Sabón, Cee y Dumbría", así como por propiciar la "precarización de los 533 empleos actuales en las centrales hidroeléctricas y en las fábricas" ya existentes, para los que no se puede dar "ninguna garantía de estabilidad".
Finalmente, Ferroatlántica indica que si finalmente fracasa el intento de segregación de las actividades tendrá que proceder a la reorganización de sus instalaciones y a la revisión de los planes de mecenazgo que lleva a cabo en toda Galicia.
