El plan de Ferroatlántica para vender las centrales hidroeléctricas gallegas no podrá ejecutarse. La Xunta rechazó ayer la solicitud de la empresa para separar la actividad de producción eléctrica de las fábricas de ferroaleaciones de A Costa da Morte, por lo que frustra el plan del grupo controlado por Villar Mir de deshacerse de los saltos de agua de los ríos Xallas y Grande y destinar los fondos obtenidos al desarrollo de un plan industrial en toda España.
La decisión, adoptada por Augas de Galicia, se produjo tras "evaluar al detalle la documentación" y al entender que la solicitud "no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión [de las centrales hidroeléctricas], que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial".
El Ejecutivo gallego, que notificó ayer la resolución tanto a la empresa como a la plantilla y a los alcaldes de A Costa da Morte afectados por la posible venta, defendió que en su dictamen cumple con los compromisos de "estar al lado de la ley, respetando el principio de legalidad, y salvaguardar el interés público de la concesión, que en este caso está determinado por la continuidad de la actividad industrial de la comarca de A Costa da Morte".
El Gobierno autonómico sostiene que su resolución está amparada por el informe de la Asesoría Xurídica da Xunta, que indica que en el proceso planteado por Ferroatlántica no se dan "las condiciones necesarias ni se cumplen los requisitos legales" para suprimir la vinculación de la generación de energía de las centrales con las fábricas de ferroaleaciones, que busca garantizar "el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo en la comunidad, por lo que carece de las condiciones que establece la propia concesión para velar por el interés público".
La decisión sobre la segregación de los activos -clave para que la empresa pudiese vender las centrales de A Costa da Morte- se produjo casi un mes después de lo previsto -inicialmente se esperaba la resolución para finales de junio- porque la Xunta tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por el comité de empresa de Ferroatlántica en A Costa da Morte y posteriores apreciaciones de la propia empresa que el Ejecutivo gallego evaluó "al detalle" para actuar "con la máxima responsabilidad y siendo lo más garantista posible durante todo el procedimiento".
Nada más conocer la decisión de Augas de Galicia, la empresa controlada por el Grupo Villar Mir anunció que la recurrirá al entender que la cláusula que impide la segregación de los activos es "ilegal" y "no se atiene, por anacrónica, a la realidad industrial de la compañía", al tiempo que defiende que se trata de "un ejemplo de discriminación en el libre ejercicio de la actividad económica". Por ello, Ferroatlántica recurrirá en primera instancia ante la propia Administración gallega y, de no atender su reclamación, ante la Justicia ordinaria.
El grupo considera que la decisión de la Xunta es arbitraria amparándose en un informe elaborado por dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago que concluye que el Ejecutivo gallego carece de base jurídica para negarse a la petición de la empresa. "La desestimación es flagrantemente contraria a derecho porque vulnera la libertad de empresa y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", sentenciaron los responsables de Ferroatlántica tras conocer la resolución administrativa.
La compañía recuerda que el plan vinculado a la segregación y venta de las centrales preveía la inversión de 100 millones en Galicia y la creación de 500 empleos, entre directos e indirectos, en Sabón (Arteixo), Cee y Dumbría. Un proyecto que, señala la firma, aborta la negativa de la Xunta, al igual que el plan para fabricar silicio solar en la comunidad gallega. "Carece de sentido mantener en Sabón las actividades de Silicio Ferrosolar, que serán paralizadas de inmediato, una vez que se tramiten las medidas laborales correspondientes", apunta la compañía sobre las consecuencias del veto del Ejecutivo gallego a sus planes de futuro.
Ferroatlántica advierte también de la "precarización" de los 533 empleos que tiene en Galicia, "dado que no tendrán ninguna garantía de estabilidad", y de la revisión de sus "actuaciones de mecenazgo" en clubs deportivos y sociedades de A Costa da Morte, a las que dedica anualmente "400.000 euros".
