La fuga de empresas, principalmente hacia Portugal, y la incapacidad para dar salida al stock público de suelo industrial suponen dos de los desafíos para la economía gallega que la Xunta pretende afrontar por ley. Con una norma que estaría aprobada en octubre, el Ejecutivo no solo creará un censo de parcelas en polígonos públicos para planificar las necesidades de las empresas, sino que aplazará hasta cuatro años los pagos de quienes adquieran sus terrenos. Tampoco deberán pagar intereses por ese aplazamiento, si bien esas condiciones estarán vinculadas a que generen empleo y dinamicen la economía local.

Estas medidas constan en el proyecto de Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais en Galicia, una iniciativa que tramitará el PP en colaboración con la Xunta. Su objetivo pasa por que el texto llegue al Parlamento en septiembre, se apruebe en octubre y los presupuestos autonómicos de 2018 ya incluyan la dotación para varias de sus iniciativas.

"Nos encontramos en una situación en la que la competencia existente dentro de España y de la UE, pero también en países como Marruecos, India o Irán, están complicando la llegada o expansión de empresas a la comunidad", alegó ayer el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, tras reunirse con el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. "Queremos simplificar los trámites, facilitar la captación de inversiones y dar incentivos a las empresas para que escojan Galicia", expuso el conselleiro.