El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) trasladó a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada un total de 47 operaciones susceptibles de reproche penal, del total de 90 que revisó en 2016, acometidas por las entidades que recibieron ayudas públicas en el marco de la crisis financiera. Los datos aparecen en la memoria de 2016 publicada por el fondo estatal.