La reducción de actores bancarios en España y Galicia supone una pérdida de competencia a la hora de solicitar asistencia financiera. En el caso de las empresas, habituadas a recurrir a varias entidades a la vez (créditos, avales, pólizas, líneas de factoring...), la integración del negocio del Banco Popular en el Santander hará que pierdan un proveedor de liquidez (si trabajaban con ambos bancos). Para las muchas empresas que además eran accionistas del Popular se revela un escenario complejo: ¿Pleitear o no contra la liquidación del banco, teniendo en cuenta que ahora es cliente del Santander, a la postre beneficiario de la controvertida venta? Es la paradoja de 2.772 empresas y autónomos gallegos, incluidos en la nómina de más de 50.000 afectados por la caída de la entidad. En ella figuran algunas de las principales compañías del sector constructor, pesquero, inmobiliario, industrial o alimentario de la comunidad.

El 7 de junio la Junta Única de Resolución (JUR) eliminó la inversión de estas mercantiles. Sumaban cerca de 114 millones de títulos (52 millones si se detrae la participación de la Fundación Pedro Barrié de la Maza). El valor de su paquete de acciones ascendía a algo más de 35 millones de euros a fecha de la intervención, dado que la última vez que cotizó Banco Popular valía 0,31 euros por título. El mismo paquete se habría pagado a 140 millones hace un año; casi 300 antes del anuncio de la ampliación de capital lanzada por Ángel Ron. Pese al perjuicio sufrido por las empresas el daño de los casi 48.000 particulares afectados fue ligeramente superior. La lista de damnificados con la que ya trabajan abogados, y que este diario ha desgranado en exclusiva, incluye asimismo fundaciones benéficas e instituciones educativas.

En conjunto los accionistas gallegos del Popular tenían de media 4.500 títulos, pero hay notables diferencias entre los particulares y las empresas. Los primeros ostentaban 2.400 acciones de promedio por titular; en las empresas ascendían a más de 41.000. Además de la fundación Barrié (cuarto mayor perjudicado en todo el mundo, tras Crédit Mutuel, Unión Europea de Inversiones y Allianz), figuran como principales afectadas las empresas Copasa (Ourense), Ignacio González Montes (Ribeira), Agropecuaria Monte Chico (Vigo), Pizarras Gallegas (Vilamartín de Valdeorras), y Grupo Inmobiliario Laxas (Vigo), todas ellas con más de 650.000 acciones.

Hoy, cuando se cumplen dos meses de la intervención del banco, expira el plazo para la presentación de las demandas contra la decisión de la JUR. El despacho vigués Gándara & Moure recurrirá ante el Tribunal de Justicia Europea (TJUE), al igual que Rúa Abogados. Este último despacho ha sido el elegido por la Plataforma de Afectados por el Banco Popular, con usuarios de toda España. El plazo para la reclamación de las indemnizaciones, por contra, es todavía de cinco años.