Habrá prórroga para la ayuda de 400 euros (450 si el desocupado tiene cargas familiares), pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal que el Gobierno nacional gestionara estas prestaciones, ya que entendía que esa competencia le corresponde a las comunidades autónomas. El Ministerio de Empleo acordó con los sindicatos, CCOO y UGT, buscar nuevas fórmulas para prolongar es auxilio económico que en Galicia han cobrado más de 36.500 desocupados que ya habían agotado el resto de las prestaciones al menos seis meses más. Para ello, el Ministerio convocará "próximamente" una reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para plantear a las comunidades un mecanismo "extraordinario y temporal" que según los sindicatos supondrá que las autonomías firmen una autorización expresa a través de una encomienda de gestión de su competencia sobre este asunto. Con ello, el Gobierno aprobaría la prórroga del programa en sus condiciones actuales a través de un real decreto que validaría el Consejo de Ministros del 25 de agosto. Empleo, según Efe, no confirmó esta fecha.

Lo que parece claro es que todo esto llevará al menos unas cuantas semanas. Pero el Gobierno garantiza que la nueva prórroga, la undécima desde que este programa de ayudas (bautizado como Prepara) se puso en marcha en febrero de 2011 tendrá carácter retroactivo para que ningún posible beneficiario se quede sin su dinero. Quienes cobren las prestaciones, las tienen aseguradas hasta el fin de los plazos que en cada caso tengan reconocidos. Y quienes quieran solicitarlas a partir de hoy podrán hacerlo, aunque la respuesta es posible que llegue dentro de unas semanas.

La ayuda finaliza hoy su vigencia, y la intención del Ejecutivo había sido desde un primer momento prorrogarla, pero la sentencia del Constitucional, tras una denuncia del País Vasco, trastocó sus planes. Los sindicatos defendieron que gracias a su presión estas subvenciones podrán seguir vigentes.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, explicó que lo ideal es acordar "un mecanismo para que nadie quede desprotegido" entre el Estado y las comunidades y señaló que los nuevos solicitantes de este plan podrán, mientras este trámite burocrático se aclara, acceder a otros planes de protección como el Programa de Activación para el Empleo (PAE) o la Renta Activa de Inserción (RAI).

Para la que no hay fecha aún es para la reunión con las comunidades autónomas en la que se les comunicará este cambio de planes, aunque el Gobierno asegura que tendrá lugar "próximamente".

El plan nació con la intención de no dejar en la estacada al creciente número de parados de larga duración tras la brutal destrucción de empleo que se produjo durante la crisis. Primero, se prometió que se prorrogaría de forma automática hasta que la tasa de desempleo bajara del 20%, pero cuando descendió de ese porcentaje siguió alargándose hasta que se cayera del escalón del 18%. Ahora, y pese a que la tasa está en el 17,8% el Gobierno entiende que no es el momento de suprimir la prestación, único auxilio de muchas familias.

La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Lola Santillana, apuntó al 25 de agosto como la fecha en la que podría estar ya aprobada una solución de urgencia para prolongar la prestación. "Hemos planteado que no haya un espacio de tiempo sin que haya cobertura", señaló. En una línea muy similar se expresó la secretaria de Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, que detalló que las centrales exigieron al Gobierno que la prórroga del programa sea "inmediata". "La sentencia del Constitucional no puede servir de excusa", añadió Los sindicatos reclamaron al Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez una revisión "seria" y "profunda" de los planes de ayuda y de protección a los colectivos con más dificultades, con la intención de mejorar su inserción laboral. El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal ya han quedado en celebrar una nueva reunión el 4 de septiembre para discutir de qué forma abordar esas posibles reformas.

De hecho, el principal objetivo del plan Prepara era el de facilitar la inserción de los desempleados de larga duración. Por eso, la ayuda económica viene acompañada de un plan de orientación a través del Servicio Público de Empleo.

Tras la reunión que se celebró ayer, el director de relaciones laborales de la patronal CEOE, Jordi García Viña, insistió en que la solución que surja del diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas será "transitoria" para dar encaje legal a la sentencia del Constitucional mientras se revisa la protección de los parados.