El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sopesa introducir cambios en el sistema reparto de bonificaciones al recibo eléctrico que cobran los grandes consumidores industriales por estar dispuestos a recortar o paralizar su consumo energético en caso de emergencia (interrumpibilidad). Industrias como la multinacional estadounidense del aluminio Alcoa, con tres fábricas en España, dos de ellas en Galicia, o Ferroatlántica, con dos plantas de ferroaleaciones en A Costa da Morte, dependen de estas primas para reducir su elevado recibo eléctrico y ganar en competitividad.
La aluminera y sus trabajadores claman desde hace un lustro por una modificación de este sistema de reparto de primas, principalmente para que las subastas tengan una vigencia superior al año actualmente en vigor y por ahí puede ir uno de los cambios, aunque el Ministerio advierte: están sobre la mesa varias propuestas pero ni hay una decisión tomada ni se espera que se produzca a corto plazo, como reconocieron a este diario fuentes de Energía. Esto significa que muy probablemente, si se producen estos cambios, no será para la próxima subasta, que se celebrará previsiblemente este otoño para fijar las bonificaciones de 2018.
Estas "propuestas" a las que alude el Ministerio apuntan en al menos dos sentidos, según fuentes conocedoras de los planes de Energía. Una de las cuestiones sería ampliar el plazo de las subastas que actualmente se celebran cada otoño para repartir las primas en paquetes de energía interrumpible con una remuneración que fija la propia subasta y se aplica el año siguiente.
El Gobierno repartió el año pasado unos 500 millones con este sistema en bloques de 90 y de 5 megavatios (MW). Alcoa y otras industrias, como Asturiana de Zinc, ArcelorMittal o Celsa demandan subastas plurianuales que les permitan tener una mayor certidumbre sobre los precios de la electricidad a largo plazo (que en Alcoa suponen un 40% de los costes de producción) y así poder cerrar contratos con clientes a más años vista, una forma de reducir la competencia con fábricas de otros países con una energía más barata. Alcoa, con 400 empleados en A Coruña y 1.200 en toda Galicia llegó a plantear la necesidad de cerrar o a poner en venta sus tres fábricas españolas ante los elevados precios de la luz, lo que llevó a sus trabajadores a movilizarse durante los dos últimos años.
Ferroatlántica, que intentó de momento sin éxito vender sus centrales hidroeléctricas en A Costa da Morte y Fisterra, también recibe cada año unos 30 millones de euros en primas de interrumpibilidad, lo que según defiende la empresa, convierte las fábricas de Cee y Dumbría en las que disponen de "un mejor precio de energía de todo el grupo Ferroglobe en España". El grupo se adjudicó además lotes de 5MW en Arteixo que garantizaban mantener la "máxima actividad" este año.
El otro posible cambio que Industria tiene sobre la mesa es modificar las normas de la subasta e introducir bloques de 20 o 50 megavatios en lugar de los de 90 actuales. El sistema se asemejaría al que implantó Alemania en octubre de 2016, que además complementa estas primas directas de interrumpibilidad con otras -en su caso, a las centrales de cogeneración- destinadas a premiar a las plantas de grandes consumidores que reduzcan sus emisiones de CO2.
Red Eléctrica de España (REE), la empresa semipública que opera el sistema eléctrico y se encarga de organizar las subastas, puso a finales del mes pasado a disposición de las empresas la documentación necesaria para solicitar la habilitación como participante en la puja Es el primer paso para iniciar el proceso y el plazo está abierto hasta el 31 de agosto. Las fechas definitivas están pendientes de que la Secretaría de Estado de Energía publique la resolución que convoque la subasta con los plazos de cada trámite y las características que este año tendrá el proceso. Por eso parece poco probable que el sistema de interrumpibilidad sea modificado este año.
Las industrias, agrupadas en patronales como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) o Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) reclaman que España aplique métodos para reducir la tarifa eléctrica e línea con los de otros países europeos pero el Gobierno siempre alega en su defensa que las bonificaciones deben analizarse con tiento para evitar que la Comisión Europea las considere ayudas de Estado y las anule por alterar la competencia.
Precisamente la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, defendió el pasado día 7 en unas jornadas sobre transición energética una reforma del sistema de interrumpibilidad y aplicar otras medidas para recortar el recibo eléctrico y mejorar la competitividad de la industria. "Sería más favorable a que analizásemos todas las partidas de costes energéticos, más que fiarlo todo a la subasta", añadió.
Lo cierto es que la también presidenta de la Sala de Supervisión Reguladora de la CNMC defendió introducir estos cambios dentro del proceso de transición energética. El Ministerio de Energía decidió a finales del mes pasado crear una comisión de expertos para la transición energética que tendrá que elaborar en seis meses un informe sobre política energética en el que se recojan las alternativas sobre la combinación de las distintas fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y renovables) para realizar una "transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono".
El Gobierno sólo ha designado a los catorce expertos, liderados por el exdirector general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva, y según el Ministerio, todavía no se ha constituido formalmente. En su informe pueden incluir una revisión del sistema de interrumpibilidad si así lo desean.
