Para simplificar los trámites administrativos en el negocio del viento en Galicia, las empresas podrán cursar de forma conjunta las solicitudes de autorización administrativa previa, construcción y proyecto sectorial, "una reducción considerable de los plazos", según sostiene la futura ley. El procedimiento exprés busca que la comunidad no pierda el tren del despertar de las renovables en España: los parques impulsados por las subastas del Ministerio de Energía tienen que estar en funcionamiento antes de 2020.

Por esa misma razón y para facilitar la renovación de proyectos de los promotores que cuentan con autorización de instalaciones antiguas en los que la maquinaria prevista está ya obsoleta, las "modificaciones no sustanciales" en el incremento de potencia de los aerogeneradores -"siempre que no supongan un incremento o reducción de más del 10%"- no requerirán una nueva autorización administrativa previa y de construcción.

Hay una tercera opción para que los proyectos en marcha en estos momentos en la comunidad puedan aprovecharse de los tres repartos del Gobierno central, incluida la posible retribución adicional de lo que se cobra en el mercado para garantizar la rentabilidad de la producción -retribución específica-, la de vender los derechos conseguidos. La Xunta permitirá "las transmisiones de titularidad" de parques en explotación, pero a condición de que consiga una "autorización previa de la Consellería competente en materia de energía". Vendedor y comprador deberán acreditar la solvencia de la operación, tanto económica como desde el punto de vista técnico. Industria deberá responder en un máximo de tres meses.