A estas alturas nadie duda de que los problemas de calado que llevaron a la intervención y la venta del Banco Popular al Santander por un euro en la madrugada del pasado 7 de junio venían de antiguo. Pero ahora el Banco Central Europeo (BCE) acaba de reconocer que detectó déficits de solvencia hace más de tres años, en 2014, y que desde entonces sometió a la entidad a una estrecha vigilancia que se intensificó sobre su situación de liquidez a partir del pasado mes de abril.

En una carta enviada a un grupo de eurodiputados españoles, la presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria del BCE, Danièle Nouy, explica que la mala situación del Banco que entonces presidía Ángel Ron, salió a la luz en 2014, antes de que eurobanco asumiese la labor supervisora de todas las entidades financieras de la eurozona, a través del llamado Mecanismo Único de Supervisión.

"Los problemas estructurales de la entidad (elevado volumen de activos dudosos, bajo nivel de provisiones y baja rentabilidad) fueron detectados en la evaluación global llevada a cabo en 2014, cuando se estaba estableciendo el Mecanismo Único de Supervisión y se habían reflejado desde entonces en requisitos de capital acordes con dichos problemas en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisora", explica Nouy en la carta enviada inicialmente a la eurodiputada Paloma López Bermejo, el pasado 21 de julio, según adelantó ayer el diario Cinco Días.

Este diagnóstico llevó a la institución que dirige el italiano Mario Draghi a someter al Popular a una evaluación continua de su situación financiera y a realizar inspecciones en el interior del banco, pruebas de resistencia y a evaluar los modelos internos de la entidad, aunque a la vista del fin del Popular, no fueron suficientes.

Seis días después de enviar esa primera carta, Nouy remitió una segunda a un grupo de cinco eurodiputados españoles en la que insiste en los problemas de solvencia que le llevaron a realizar un seguimiento "constante" de la liquidez que tenía el banco "con una frecuencia cada vez mayor cuando ésta se hizo más apremiante; es decir, diaria a partir de abril". La responsable de la supervisión bancaria europea detalla que esa vigilancia se realizó con una tutela sobre la ratio de cobertura de liquidez (LCR) del Popular. Y añade: "El seguimiento del BCE se había centrado no sólo en la liquidez sino también en la posición de capital de la entidad".

Todas esas advertencias apenas lograron reconducir la situación, dado que en 2016, como recuerda Nouy, las pruebas de resistencia realizadas a la banca española situaron al Popular como la entidad española con la más baja ratio de capital principal del nivel 1 CET-1 -el principal indicador de solvencia- y la tercera peor de Europa. "Las pruebas de la EBA revelaron que el Popular "sufría considerablemente en un escenario de estrés", añade Danièle Nouy.

El diagnóstico contrasta con las dos ampliaciones de capital realizadas por el Popular en 2012 y 2016, que ahora se confirman insuficientes para solventar la delicada situación de banco.

El BCE sin embargo elude sin citarla su responsabilidad en la crisis del Popular y en la solución dada por las autoridades europeas, que llevaron a que 300.000 accionistas y bonistas perdieran todos sus ahorros, aunque la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE justifica la decisión de intervenir el banco. "El objetivo último de la EBA [con sus test de estrés] no era evaluar el valor económico de la entidad en su conjunto desde la perspectiva de empresa en situación de resolución y liquidación ni pronosticar el impacto de una huida idionsincrásica en una entidad", detalla la carta a los eurodiputados españoles.

La responsable de la supervisión financiera advierte de que la decisión sobre la resolución y el trato dado a los accionistas es responsabilidad de la Junta Única de Resolución (JUR) a la que recomienda solicitar información.

Más allá de la responsabilidad que el BCE tiene en el final dado al Popular, la carta enviada a los eurodiputados españoles se prevé clave en las demandas que los accionistas particulares e institucionales han empezado a presentar ante la JUR pero también ante la Justicia española, sobre todo para aquellos accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2016. El BCE desvela con su carta que sus métodos de supervisión no son suficientes para evitar crisis bancarias o que estas salpiquen a sus accionistas, pero también que la supervisión realizada hasta 2014 por el Banco de España no sirvió para detectar la debilidad del Popular.