Por la transcendencia que tienen para el gasto público, y sobre todo, ante las muchas interrogantes acerca de la sostenibilidad del sistema a futuro en una sociedad cada vez más envejecida, España vive en un debate continuo sobre las pensiones. El descenso en la recaudación por las afiliaciones ante la fuerte caída del empleo y los sueldos durante los años de crisis agravó todavía más las dudas sobre las cuentas de la Seguridad Social, que hasta este verano, con el pago de la extra, lleva consumido el 82% de su hucha e incluso tuvo que recurrir a un crédito de 11.602 millones de euros. En paralelo a las reformas aprobadas en los últimos ejercicios para alargar la vida laboral y restringir la subida anual de las pensiones, desvinculada ahora de los precios, el Gobierno puso la lupa en las bajas laborales. Van también a cargo de la caja del organismo.

Aunque una parte le corresponde a las mutuas, estas se financian por las transferencias de la Seguridad Social con las cotizaciones por accidente y las cuotas por contingencias comunes de empresas y trabajadores. La parálisis de la actividad y el plan de control impulsado junto con las autonomías sobre las incapacidades temporales provocó que el número de bajas descendiera a mínimos durante 2013. Desde entonces, la tendencia se ha dado la vuelta y en lo que va de 2017 hay casi 2.000 bajas nuevas más al mes en la comunidad que durante el pasado 2016.

De media, cada mes se contabilizan este año 19.577 nuevas bajas en Galicia, según el último balance publicado por la Seguridad Social, con los datos acumulados hasta mayo. Es un 10,5% por encima de 2016, cuando la media rondaba las 17.700.

El ascenso en el conjunto del Estado alcanza el 14,1%. A la cabeza de las alzas están País Vasco (19%), Cataluña (16,7%), Valencia (16,4%) y Andalucía (15,7%). Galicia ocupa el quinto puesto. Le sucede Cantabria (10,4%), Canarias (9,1%), Asturias (5,2%) y Baleares, la excepción, con un recorte, pero muy pequeño, del 0,1%.

En el total de las bajas solicitadas en Galicia, la mayoría, 14.580, fueron por contingencias comunes de empleados afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Otras 2.717 están vinculadas a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Y 2.280 fueron de autónomos. La evolución en cada uno de los distintos tipos no es, para nada, igual. Las contingencias comunes concentran un aumento del 14,5%, mientras que las enfermedades profesionales y accidentes laborales se mantienen prácticamente estables, y las incapacidades temporales de los empleados por cuenta propia se incrementan solo un 0,6%.

¿El crecimiento está ligado a la subida de la contratación? No lo explica del todo. La población protegida en régimen general avanzó un 0,4% y entre los autónomos cae un 0,1%. Por cada 1.000 trabajadores, en Galicia se están pidiendo 18,4 bajas. La incidencia en el global del país llega a las 24,6. Son algo más de 3 en el caso de las enfermedades y accidentes profesionales y 10 entre los autónomos.

En lo que sí destaca Galicia, y además de forma rotunda, es en la duración de las incapacidades temporales. Frente a la media estatal de 37,6 días durante los cinco primeros meses de este año, en la comunidad escala hasta los 59,66 días. Aguanta sin apenas variación en los ejercicios recientes, pese a que una de las preocupaciones del plan de control del Ejecutivo central y la Xunta era precisamente el tiempo que se prologaban las bajas.

En 2015 se movían en los 61,9 días y en 61,6 en 2015. La única autonomía con una duración mayor de las bajas es Extremadura, algo más de 63 días. Si miramos exclusivamente a los autónomos, con un gran peso en el tejido productivo gallego, el plazo medio se alarga a cerca de 114 días. Las bajas más largas de España. En el Estado son 91 días.

Desde que tocaron suelo y volvieron a incrementarse, en 2013, el número medio de nuevas incapacidades temporales al mes en la comunidad repuntó un 26,5%.