El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años (2018-2020) vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). Es la primera vez que la propuesta del Ejecutivo central incluye un plan plurianual y también es novedosa porque se trata de no establecer un incremento fijo al inicio del año, como ha venido siendo habitual hasta ahora, sino de un aumento variable como hacen ya muchas empresas privadas, vinculado en este caso a la evolución del PIB y no la inflación.
Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo prevé una evolución moderada de la inflación en los próximos años.
Al margen de la fórmula que se acuerde, el sueldo de los funcionarios subirá en 2018 por encima del 1%, la subida que se ha aplicado en los últimos años y que los sindicatos consideran insuficiente con aumentos del PIB cercanos al 3% y tras los recortes sufridos durante la crisis. Los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como "un factor más a tener en cuenta" para el incremento salarial, pero a priori, y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial sino simplemente un factor más a tener en cuenta, según señalaron fuentes de UGT. En su lugar, los sindicatos siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada a la inflación para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos ejercicios, indicaron CSIF y UGT.
Las centrales quieren recuperar, de manera progresiva, el poder adquisitivo perdido durante la crisis (que CSIF cifra en torno al 20%), así como la jornada de 35 horas en las administraciones que así lo pacten.
Galicia tiene alrededor de 27.000 empleados públicos dependientes de la Administración central -los afectados por la propuesta del departamento que dirige Cristóbal Montoro-, además de 86.000 vinculados a la Xunta, otros 26.000 dependientes de la Administración local y más de 7.500 que trabajan para las universidades, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Hacienda convocará esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente mañana o pasado, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En la Mesa General están representados tanto los sindicatos como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo 22 de septiembre.
Pensiones de viudedad
Al margen de la negociación salarial, el sindicato UGT reclamó ayer al Gobierno que incremente las pensiones de viudedad como establecía la reforma del sistema de la Seguridad Social aprobado en 2011 y que se suspendió y aplazó "de forma injustificada" desde entonces. El sindicato recuerda que esta normativa establecía que la base reguladora de la pensión de viudedad pasaría del 52% al 60% para mayores de 65 años sin otra pensión pública de manera progresiva en un plazo de ocho años desde 2012.
"El Ejecutivo alega que este incremento supondría un importante coste para el sistema de la Seguridad Social, por lo que poniendo como excusa la débil situación financiera, incumple la ley", critica UGT. También apunta que la mayoría de las pensiones de viudedad están por debajo del salario mínimo interprofesional y reclama la eliminación del copago farmacéutico para todos los pensionistas en esta situación.
El sindicato exige asimismo que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan en el sistema de la Seguridad Social porque su eventual salida y financiación mediante impuestos podría ponerlas en riesgo.
