A la novedad que supone bajar de un año a cinco meses la vigencia de las primas por el servicio de interrumpibilidad -las que perciben las empresas grandes consumidoras de energía por reducir o suspender su consumo cuando el sistema no logra atender la demanda- el borrador de orden del Ministerio de Energía para regular el proceso de cara al próximo ejercicio suma el hecho de que los costes de la celebración de la subasta correrán a cargo de las empresas participantes que resulten adjudicatarias de los bloques a concurso. El precio a pagar será de 225 euros por cada megavatio (MW) adjudicado.

Esta situación provoca que las firmas electrointensivas asuman por primera vez el coste de organizar el proceso competitivo. Como ejemplo, la factura para la fábrica coruñesa de Alcoa ascendería -con iguales resultados a los obtenidos el año pasado- a más de 25.000 euros y en el conjunto de España para la aluminera estadounidense -con las tres fábricas: la coruñesa, la asturiana (de Avilés) y la lucense (de Cervo)- superaría los 100.000 euros.

Esta cuantía, sin embargo, es pequeña en relación con la primas millonarias que suelen repartirse en la subasta del servicio de interrumpibilidad.