El Gobierno aprobó ayer el real decreto que regula la aplicación del bono social de la electricidad, asentado en criterios de renta para el acceso de los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 50% en la factura de la luz para los consumidores más vulnerables. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado y aprobada la orden ministerial que desarrolla el mecanismo de solicitud del bono, los consumidores que cumplan con los requisitos podrán solicitarlo de manera inmediata.
El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral aumentará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que para el caso de una persona sola este nivel de renta será de unos 11.000 euros anuales y para una unidad familiar con dos menores se elevará a unos 19.000 euros anuales.
Los hogares formados por pensionistas con prestaciones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables y tendrán derecho al bono social l. El descuento se amplía al 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales fijados para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social para "asegurar la eficiencia en el consumo energético".
La rebaja llegará hasta el 50% para los consumidores vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, y que serán considerados consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo, las comercializadoras de electricidad deberán asumir el resto de la factura y no podrán, por tanto, cortar el suministro en caso de impago.
Además, en el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago.
