A la espera de que el Ministerio de Energía publique la orden con la que quiere forzar a las comunidades a comunicarle todos los datos sobre los impuestos que aplican al sector energético para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a repercutirlos en el recibo del consumidor, la Xunta tiene el mandato de hacer frente a los polémicos suplementos territoriales. Así se lo encargó ayer el Parlamento, tras aprobar por unanimidad una iniciativa del PSdeG que insta al Gobierno gallego a "oponerse con rotundidad a que los impuestos ambientales establecidos por la propia Administración autonómica se incluyan en los suplementos territoriales y tengan que ser abonados por los consumidores gallegos".

La Consellería de Economía, Emprego e Industria ya avanzó hace meses su disposición a llevar a los tribunales la norma. Aunque el Ejecutivo gallego defendía que el encarecimiento de la luz por la fiscalidad sobre las renovables no le afectaba, el Ministerio de Industria insiste en que la comunidad es una de las obligadas a suministrar la información sobre la recaudación de sus impuestos propios y la parte que cobra a las firmas del sector.

Ante la reiterada negativa de la Xunta y otras comunidades a entregar esos datos, el departamento que dirige Álvaro Nadal se vio obligado a preparar una orden para imponérselo o, alternativamente, conseguir los números a través de las compañías que desembolsan los impuestos. El borrador, como avanzó este diario, recoge cuatro tributos de Galicia: canon eólico, hidroeléctrico, el de saneamiento y el impuesto de contaminación atmosférica. Todo apunta a que la cuota para los usuarios gallegos será de las más cuantiosas.

La polémica viene de lejos. La ley de medidas de 2013 para aplacar el déficit convirtió en obligatorios los suplementos territoriales, hasta ese momento opcionales. Pero no se aplicaron. Las firmas energéticas recurrieron al Supremo, que reconoció que el Gobierno debía haberlos activado durante el tiempo en que estuvieron vigentes. A finales de 2016, el Supremo tiró de las orejas a Energía por el retraso pues el plazo máximo recogido en el fallo está muy superado.