El Congreso de los diputados acordó ayer llamar a comparecer a los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a la inspección del Banco de España sobre esta entidad, para analizar la liquidación de la que era sexta entidad financiera del país en ese momento. Estas comparecencias constituirán un bloque específico dentro de la actividad de la comisión de investigación sobre la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, que ayer acordó llamar a 70 responsables a lo largo de los próximos meses.
La comisión rechazó, sin embargo, las comparecencias de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, el presidente del BBVA, Francisco González, y el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé. Tampoco prosperaron las comparecencias del presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, ni del que fuera presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.
Otras personas que también podrán ser preguntadas por la comisión por este caso serán el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, o el director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce.
Por otra parte, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero no acudirán tampoco a esta comisión, cumpliendo el plan de PP y PSOE de limitar a un nivel inferior (ministros o vicepresidentes) las comparecencias de altos cargos políticos.
El portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Alberto Garzón, tachó de "escandaloso" estas ausencias. El portavoz del PP, Ramón Aguirre, explicó que su grupo rechazó la comparecencia porque ya se había citado a los responsables económicos de estos ejecutivos, mientras que su homólogo de Ciudadanos, Antonio Roldán, negó que su formación votara en contra.
La comisión también acordó la comparecencia del organismo comunitario que ejecutó la resolución del Popular, la Junta Única de Resolución (JUR), que anteriormente ya se dirigió a la comisión para negar el informe de Deloitte sobre el Popular, utilizado para determinar el precio de venta.
Mientras, Botín explicó ayer en una reunión con unos 200 analistas e inversores del Banco Santander en la Bolsa de Nueva York que el Popular recuperó unos 10.000 millones de euros en depósitos desde que el Santander adquirió la entidad, lo que supone casi la mitad de los perdidos entre diciembre de 2016 y el 7 de junio, día en el que se produjo la resolución de Popular.
Este aumento de 10.000 millones en depósitos equivale a un incremento del 19%, según la presentación de Botín remitida por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, explicó durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad del pasado julio que Popular perdió unos 20.000 millones de euros en depósitos en sus últimos siete meses como banco independiente, de los que a finales de julio se habían recuperado ya unos 6.500 millones de euros.
