Los transportistas gallegos avanzan en su ofensiva contra el cártel del camión formado por Iveco, Daimler-Mercedes, DAF, Volvo-Renault, DAM y Scania entre los años 1997 y 2011, por el que la Comisión Europea impuso una multa conjunta próxima a los 4.000 millones de euros a las empresas implicadas. Los afectados gallegos por ese pacto tramitan ya unas 7.000 reclamaciones reclamaciones contra los fabricantes por haber inflado los precios -entre un 10% y un 20%- de los vehículos nuevos comercializados en esos 14 años, pero también exigirán indemnizaciones por los camiones de segunda o incluso tercera mano.

La sanción impuesta por Bruselas -publicada el pasado abril en el Diario Oficial de la Unión Europea- detalla que la infracción consistió en "acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones en el espacio económico europeo", pero también en acuerdos "sobre el calendario y la repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones en el caso de los camiones medios y pesados exigida por las normas Euro 3 a 6".

Por esta segunda vía es por la que pretenden reclamar los transportistas gallegos pues aseguran que los fabricantes retrasaron la implantación de tecnología más avanzada para abaratar costes, con lo que las prestaciones de los camiones eran "peores de lo que deberían", lo que provocó una menor eficiencia de los vehículos y mayores gastos en aspectos como el combustible.

"Vendían camiones Euro 3 que ya tenían que ser Euro 4, después Euro 4 que deberían ser Euro 5 y así respectivamente, lo que supuso un mayor gasto de combustible, entre otras cosas, tanto para los empresarios que compraron camiones nuevos como de segunda o tercera mano", explica el presidente de la federación gallega de transportistas Fetram, Antonio Señarís del Río.

El mayor obstáculo para los empresarios que quieran reclamar compensaciones por camiones de segunda o tercera mano es disponer de la documentación necesaria para hacerlo. "Va a ser más difícil de demostrar ese perjuicio que en el caso de los vehículos nuevos, pero no imposible. Habrá que presentar el disco del tacógrafo de la fecha en la que se adquirió el camión y el de la fecha de reventa o desguace, para saber los kilómetros recorridos en ese periodo y calcular el gasto adicional de combustible por contar con un motor menos eficiente que el que establecía la normativa", detalla Señarís del Río. El también presidente de la asociación coruñesa Ascentra lamenta que es muy probable que haya "miles" de afectados por esta situación -que compraron camiones de segunda mano-, pero que serán "pocos" los que puedan reclamar. "Siendo optimistas, igual se llega a mil casos en Galicia, pero todo dependerá de lo metódicos que hayan sido los empresarios y de si han guardado los discos de los tacógrafos y el resto de documentación, como la factura de compra", aclara este representante de los transportistas gallegos.

Esta vía de reclamación, según el presidente de Fetram, no supondrá importantes indemnizaciones para los camioneros que hagan trayectos de larga distancia, pero sí para aquellos "más activos, que trabajan en circuito cerrado", como hormigoneras o camiones-grúa de obra, que permanecen encendidos y consumiendo combustible la mayor parte de la jornada laboral.

En cuanto al proceso de reclamación por los vehículos nuevos, los afectados están recibiendo la contestación de la mayoría de los fabricantes a la solicitud "amistosa" de indemnización -previa a la demanda judicial-, pero en todos los casos la respuesta es negativa. "Las empresas, a excepción de Iveco, que no ha respondido [tampoco Scania, a la que Bruselas multó a finales de septiembre, por lo que aún no se han presentado reclamaciones contra ella], admiten los hechos pero sostienen que no tienen obligación de compensar a los afectados. Dan por hecho que con la multa de Bruselas ya está saldado el asunto", relata Señarís del Río.

El Ejecutivo comunitario multó de forma conjunta a MAN, Iveco, DAF, Volvo-Renault y Daimler-Mercedes en julio del año pasado con 2.930 millones tras reconocer los hechos y a Scania a finales de septiembre con 880 millones. Esta firma se negó a colaborar con Bruselas, por lo que la multa fue más tardía pero sin rebaja en la cuantía.