La Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam) anunció ayer que acaba de solicitar la inaplicación del convenio colectivo del sector "ante la grave situación económica" en la que se encuentran buena parte de sus socios, con pérdidas en los últimos ejercicios y previsiones de que la situación empeore en los próximos. La medida, que deberá ser aprobada por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para poder aplicarse, implicaría, entre otros cambios, rebajas salariales a los trabajadores del sector, con alrededor de 900 afectados en Galicia.
La Fegam asegura que el último concurso de transporte sanitario urgente y de emergencia convocado por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061 de la Xunta, celebrado en 2014, contaba con un presupuesto idéntico al de 2007, lo que obligó a muchas empresas -contando con que en estos procesos competitivos prima la oferta más baja- a reducir "entre un 0,5% y un 7%" el montante ofrecido para prestar el servicio "con el fin de mantener un trabajo en el que han invertido su patrimonio y del que dependen un buen número de trabajadores".
A esta situación los empresarios del sector suman los costes de aplicar el convenio laboral vigente, que deja un gasto salarial, sostienen, para el que los fondos obtenidos a través de los concursos es "insuficiente". "Además, las nuevas adjudicatarias que entraron en 2014 tuvieron que subrogar al personal que prestaba anteriormente el servicio y muchos trabajadores no estaban cobrando de sus antiguas empresas lo estipulado en el convenio", añaden fuentes de la patronal gallega de ambulancias.
Ingresos y gastos
Varios estudios económicos de empresas independientes encargados por la Fegam revelan que, con los precios del último concurso público de la Xunta para los diferentes lotes del 061, la mayoría de firmas del sector cobra de la Administración gallega unos 240.000 euros anuales por ambulancia, pero la aplicación del convenio colectivo del sector en Galicia, y solo teniendo en cuenta el coste salarial, implica un gasto medio en cada ambulancia de 280.000 euros. "Una diferencia significativa a la que hay que añadir otros gastos puntuales como la compra de vehículos y otros fijos como carburantes y seguros", detallan las empresas del sector.
Por ello, reclaman la inaplicación del convenio por circunstancias económicas y alegan pérdidas actuales y futuras, para lo que aportan en su solicitud las cuentas de los dos últimos años y las de 2017.
La patronal gallega de ambulancias apuesta por encontrar soluciones conjuntas entre empresarios, trabajadores y Administración, pero solicita la inaplicación del convenio colectivo "en el convencimiento de que es la única salida a la situación" actual y muestra su voluntad de llegar "al mejor acuerdo posible para todos".
