La judicialización del sector que enfrenó a las compañías y la Xunta en paralelo a estos años de parálisis -las primeras ganaron su batalla contra el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los permisos a los parques y la Administración consiguió la victoria respecto al canon a los aerogeneradores- alcanzó su punto álgido cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a Capital Energy y tumbó el concurso que el PP gallego activó tras ganar las elecciones de 2009 y apuntalar la anterior puja de PSdeG y BNG en la etapa del bipartito. "No se ajusta a derecho", concluía la sentencia publicada en exclusiva por este diario, por los errores en la puntuación y el silencio de la propia Xunta a las peticiones de aclaración que la mesa adjudicataria le remitió para valorar determinados proyectos "emergentes" o "estratégicos".

La Xunta se apresuró a anunciar que llevaría el fallo en casación al Supremo. Y así están las cosas todavía. A la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie. La confirmación de la sentencia crearía un grave problema a la Administración autonómica que, probablemente, optaría por apelar ante la imposibilidad de ejecutar la resolución. ¿Acabarían así los quebraderos de cabeza? No. Además de la inseguridad jurídica, el fallo podría abrir de nuevo la puerta a reclamaciones, con las generadas por la anulación del concurso del bipartito.