El Gobierno implantó en 2014 el sistema de subastas competitivas a la inversa -gana el que esté dispuesto a ofrecer el servicio a un menor precio- para repartir los incentivos que compensan a la gran industria por reducir o suspender su consumo energético cuando el sistema no logra atender la demanda, una disponibilidad que se conoce como servicio de interrumpibilidad. Esta nueva fórmula buscaba reducir el coste para las arcas públicas del servicio y ha generado importantes ahorros tanto por esa competencia entre las empresas para ser adjudicatarias del servicio como por las propias convocatorias del Gobierno, que han ido rebajando año tras año el precio de salida de los productos en liza.
La subasta anual de la interrumpibilidad incluye paquetes de 5 y 90 megavatios (MW) de potencia interrumpible, con mayores precios en el caso de los segundos, que son a los que aspiran las grandes industrias como la aluminera estadounidense Alcoa, con una planta en A Coruña.
El Ejecutivo fijó en el primer año de aplicación del sistema de pujas (en 2014, en el que se repartieron las primas del año siguiente) un precio de salida para los bloques de 5 MW de 260.000 euros. Un año después lo redujo a 200.000, el pasado ejercicio lo dejó en 160.000 y este año (para el reparto de las primas de 2018) lo recorta hasta los 150.000 euros, lo que equivale a que el precio de salida de los paquetes pequeños se redujo un 6% respecto a 2016 y un 42% en relación con el primer año de aplicación del nuevo sistema.
La rebaja en el caso de los bloques de 90 megavatios es del 13% respecto a la convocatoria del año pasado y del 23% comparando la actual con la de 2014. En ese año el Gobierno fijó la cuantía inicial en 350.000 euros, la rebajó a 340.000 al año siguiente, a 310.000 en 2016 y a 270.000 euros este año, como recoge la resolución con el calendario y las características de la subasta de cara a 2018 publicada la semana pasada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estas rebajas dejan como resultado que el precio de salida del bloque de 90 megavatios de este año (270.000 euros) será inferior al precio medio alcanzado por este tipo de producto tanto en la subasta de 2014, en la que alcanzó los 295.000 euros, como en la del año pasado, en la que rozó los 290.000 euros. Una situación que no se da en el caso de los paquetes de 5 MW porque la capacidad de reducir el precio por parte de las empresas es mayor al haber muchos más lotes en liza: el precio medio en 2014 fue de 95.000 euros y de 127.000 el año pasado, frente a los 150.000 euros fijados como punto de partida en la subasta que se celebrará entre los días 18 y 22 de diciembre en Valladolid.
La resolución del Gobierno también modifica el rango de bloques a subastar. El año pasado planteó inicialmente sacar a concurso entre 286 y 394 lotes de cinco megavatios (finalmente fueron asignados 415) y entre 7 y 13 de 90 megavatios (colocó 10) mientras que este año sube el rango de los paquetes pequeños -a entre 340 y 412- y baja el de los grandes, con la previsión de entre seis y diez.
Tanto la reducción de los precios de salida de los bloques como la posible rebaja de los mejor remunerados complica que la factoría coruñesa de Alcoa obtenga un resultado satisfactorio en la puja. La multinacional estadounidense precisa seis de esos, como máximo, diez bloques de 90 MW que subastará el Gobierno para lograr una tarifa eléctrica competitiva -cuatro para la fábrica lucense de San Cibrao, uno para la coruñesa y otro para la asturiana de Avilés- y en la subasta se encontrará a competidores como Arcelor-Mittal o Asturiana de Zinc, entre otros.
En 2014 la aluminera sólo logró cuatro bloques de 90 MW, que asignó únicamente a la factoría de Lugo, por lo que inicialmente anunció el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés y el despido de toda su plantilla (unos 400 trabajadores en cada una). Finalmente, tras la celebración de una subasta extraordinaria, la compañía consideró suficientes las primas eléctricas obtenidas y mantuvo el empleo y la actividad en las dos factorías.
Alcoa rechaza analizar los cambios en la subasta de cara a los incentivos de 2018 y asegura que acudirá a la puja con el objetivo de "obtener el máximo valor posible de interrumpibilidad para todas las plantas españolas, al igual que en los años anteriores". Sobre el cambio en la duración de las primas -de un año a solo cinco meses (de enero a mayo) porque el Gobierno prepara una reforma del sistema, como ya publicó este diario-, fuentes de la aluminera explicaron que ven la puja de diciembre "como una subasta de transición de cara al nuevo sistema" y reclamaron un modelo que incluya condiciones similares a las de otros países.
La plantilla de la factoría de A Grela, por su parte, criticó que la subasta se vaya a celebrar "tan tarde", a finales de año, "dejando poco tiempo de reacción". "Esto es un despropósito desde que se implantó el sistema de subastas. Hay una incertidumbre total, acentuada por los cinco meses de duración de las primas y los posibles cambios en la regulación", apuntó el presidente del comité de empresa de la planta coruñesa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho. "El rango de bloques cambia, pero no sabemos si hay menos competidores para los de 90 MW, y los precios de salida también. Llevamos pocos años con este sistema de subasta y está cambiando constantemente, es tan inestable como el propio modelo", lamenta el portavoz de los trabajadores, que asegura ver "con preocupación y escepticismo" las decisiones del Gobierno. "No sabemos a dónde se quiere ir y reclamamos algo estable porque nuestro día a día va más allá de un año; hay que planificar con tiempo la actividad", concluyó López Corbacho.
