La Junta Única de Resolución (JUR), organismo que tomó la decisión de intervenir el Banco Popular, evaluará si es preciso exigir responsabilidades a los antiguos gestores del banco, según aclara el Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca. En su respuesta escrita, el Gobierno recuerda que la resolución del Popular "no ha implicado el compromiso de ayuda pública alguna", y que se llevó a cabo tras una decisión adoptada por la JUR en el marco del Mecanismo Único de Resolución, y "al amparo de las normas y procedimientos uniformes para la resolución de entidades de crédito a nivel europeo".
Por todo ello, la JUR, que es la autoridad de resolución competente, deberá "valorar, en su caso, las eventuales medidas a adoptar al objeto de exigir responsabilidades a los gestores del Popular", algo sobre lo que el organismo aún no se ha pronunciado.
En el seno de la Comisión Europea se están negociando propuestas para modificar, si fuera necesario, la directiva de resolución de entidades de crédito y de servicios de inversión, y en ese debate "se tendrá en cuenta" la experiencia adquirida en "la gestión de la crisis y resolución del Banco Popular".
Tras la decisión adoptada por la JUR a instancias del Banco Central Europeo, el Banco Santander se hizo el pasado 7 de junio con el Banco Popular al precio simbólico de un euro.
