A la larga lista de recursos por la resolución del Popular (propietario del gallego Pastor) se une el de la que fue una de sus principales accionistas, muy simbólicas por el papel que jugó en la estrategia de crecimiento del grupo con la compra de la entidad gallega. La Fundación Barrié de la Maza ha presentado un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) del pasado 7 de junio que desembocó en la toma del banco y su venta inmediata al Banco Santander, según recogía ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La mayoría de consejeros que estaban en ese momento en el principal órgano de decisión del Popular también optaron por acudir a la Audiencia Nacional, incluido el que fue su vicepresidente y es máximo responsable de la Barrié Barrié, José María Arias Mosquera.
La Barrié era la accionista mayoritaria del Pastor -superaba el 42% del capital- en el momento de su integración en el Popular. La operación le dejó con el 7,5% del banco resultante de la absorción. Un paquete lo suficientemente grande como para garantizar los dividendos con los que alimentar su obra social, educativa y artística. Pero las sucesivas ampliaciones de capital que impulsó el Popular para hacer frente a los requisitos regulatorios, pasar los test de estrés europeos y luego limpiar el balance del lastre inmobiliario, dejaron la participación de la Barrié en el 2,567%. La resolución se llevó por delante las acciones que le quedaban y provocó pérdidas en la fundación de 165 millones de euros.
Recursos anteriores
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya admitió a trámite en los últimos meses más de medio centenar de recursos contra la resolución y venta del Banco Popular al Santander. Entre las apelaciones aceptadas por la corte europea están las presentadas por accionistas significativos como el mexicano Antonio del Valle y el chileno Andrónico Luksic, y por otros con relevancia en Galicia como la Fundación Barrié y su presidente, José María Arias Mosquera. A pesar de que estas dos últimas se presentan por separado, sí coinciden en reclamar lo mismo: la nulidad del proceso seguido por la Junta Única de Resolución (JUR).
La intervención del organismo el pasado 7 de junio supuso el estreno de este nuevo mecanismo. Tras estimar un agujero patrimonial de entre 2.000 y 8.200 millones de euros en las cuentas del banco propietario de la entidad gallega Pastor, la decisión de los organismos competentes se saldó con la reducción del valor de las acciones de Banco Popular a cero y su posterior compra por Banco Santander al precio simbólico de un euro. Sobre este asunto giran la mayor parte de los recursos conocidos hasta ahora.
A las críticas sobre las intervenciones públicas de la presidenta, Elke König, a la que algunos demandantes apuntan como una de las responsables de la crisis de liquidez de la entidad financiera, se suma la opacidad a la hora de publicar el informe de Deloitte que certificó la acta de defunción del banco entonces presidido por Emilio Saracho.
