La negociación formal de los dos expedientes de regulación de empleo (ERE), uno para cada entidad, con los que el Santander aplicará el primer ajuste de personal tras la absorción del Popular comenzará el próximo día 16, aunque el grupo avanzó ya que su intención es tocar a 2.160 empleados. No todos se irían. De ese "excedente" que ayer comunicó a los sindicatos, unos 575 permanecerían en otras empresas dentro de la corporación Santander y el resto, 1.585, sí saldrían a través de prejubilaciones a partir de los 58 años y "bajas incentivadas en condiciones atractivas". Como estaba previsto, en esta fase inicial centrada en servicios centrales y las unidades de apoyo territoriales -la red, en principio, aguantará así hasta 2019, cuando se ejecute la integración tecnológica-, la reestructuración afectará a varios departamentos de Galicia, en los que, según la información aportada ayer por el banco, trabajan alrededor de 170 personas.

El equipo de banca online asentado en el polígono de Bergondo queda de momento al margen porque está vinculado a la red. No sucede lo mismo con las oficinas coruñesas de la calle Orillamar, para apoyo administrativo, posfirma hipotecaria y desarrollo tecnológico, entre otras funciones, que suma unos 157 efectivos, incluidos en este primer ajuste. Con ellos estarán los tres de prevención de riesgos laborales y tres también de auditoría que se ubican en la antigua sede central del Pastor en Los Cantones; y la plantilla de una de las tres oficinas, la de Santiago, que fueron creadas hace año y medio para la gestión de activos inmobiliarios e impagados. Por su parte, las de Vigo y A Coruña, bajo la marca Pastor, continúan adelante.

A la espera de que la cúpula del Santander concrete más las condiciones, en el encuentro celebrado ayer en Boadilla del Monte quedó sobre la mesa la opción de prejubilaciones para los trabajadores de más de 58 años. Irían al paro, pero la entidad se encargaría de su cotización hasta la edad de jubilación anticipada. Con las bajas incentivadas intentará "que el proceso sea lo más voluntario posible", según trasladó el grupo a las centrales sindicales.

"Si queremos dar un encaje a esto sin medidas traumáticas habrá que reducir el número de afectados y los años para las prejubilaciones", advierte Javier Castro, responsable del sector financiero en UGT-Galicia, que recuerda que las dos entidades "pasaron ya por importantes ajustes en los últimos años".

Rosa Conde, representante de la CIG en el Popular-Pastor, cuestiona la voluntariedad de las medidas "porque podrán negarse a autorizar la baja voluntaria a alguien que quieran mantener por su perfil profesional". "Aprovechamos la oportunidad para reclamar de nuevo el mantenimiento de la marca Pastor. Nos dijeron que eso no tocaba, pero estamos hablando de empleo y la marca Pastor implica empleo y ventajas además desde el punto de vista comercial", asegura.

Para Comisiones Obreras es también un ajuste "demasiado elevado" y apelan a que la movilidad funcional permita bajar la cifra. "Es un esfuerzo innecesario tener que buscar profesionales fuera, cuando ya los tenemos aquí", reivindica el sindicato.