La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó ayer un informe muy crítico con el sistema de subastas del servicio de interrumpibilidad -por el que las empresas grandes consumidoras de energía reducen o suspenden su consumo de electricidad cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de incentivos económicos- diseñado por el Gobierno pues carga contra su "elevado coste", tanto del servicio en sí como de la celebración de las pujas.
El organismo presidido por José María Marín Quemada estima que el desembolso que realiza el Estado para compensar a empresas como Alcoa o Ferroatlántica, en el caso de Galicia, es demasiado elevado. De hecho, la CNMC cifra el coste del servicio para este año en 525 millones de euros, frente a los 503 del año pasado o los 508 de 2015. El informe emitido por la Sala de Supervisión Regulatoria de la entidad -que analiza la propuesta de orden del Ministerio de Energía para modificar el servicio de interrumpibilidad- cuestiona incluso la necesidad de contar con este sistema para afrontar imprevistos en el sistema eléctrico "teniendo en cuenta el elevado coste y el reducido uso efectivo que en los últimos años ha venido haciéndose del mismo", un argumento al que añade datos -excluidos del documento publicado ayer por tratarse de información confidencial- sobre la utilización del servicio.
Las dudas sobre la conveniencia de tener esta herramienta llegan hasta el punto de que la CNMC plantea que Red Eléctrica de España (REE), la empresa que opera el sistema, debería realizar un estudio y justificar "que realmente es necesario" subastar unas cantidades tan altas de potencia interrumpible, al tiempo que insta a modificar "los criterios de activación económica para que se haga mayor uso del mecanismo, lo que supondrá una reducción del coste del servicio".
En cuanto al diseño y celebración de la subasta en la que se reparten los incentivos eléctricos, la CNMC también critica en su informe su elevado coste, que triplica el de otras pujas eléctricas o gasistas, y habla de un sistema muy complejo, que provoca que el proceso de reparto de la interrumpibilidad se haya prolongado en ocasiones durante cinco días, en horario de 09.00 a 20.00 horas. "La complejidad del procedimiento pone de manifiesto las desventajas de este mecanismo frente a otros más sencillos, previsibles y cuyo coste de organización sea más económico, como puede ser una subasta multiproducto de precio uniforme", reza el documento del organismo supervisor. "El coste de esta subasta (entre 504.000 y 660.000 euros) -continúa la CNMC- es muy superior al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España (con costes situados entre 75.000 y 205.000 euros)".
En este sentido, el Gobierno establece este año, por primera vez, que las empresas que resulten adjudicatarias en el proceso competitivo deberán hacerse cargo de los costes de celebración de la subasta, algo que el organismo que preside Marín Quemada entiende que no reducirá el número de participantes en la puja porque les compensará igualmente por el alto volumen de incentivos que se reparten: "El coste imputable a la organización del procedimiento de subastas para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018, a soportar por los adjudicatarios, se encontrará entre el rango de 504.000 y 660.000 euros. Dichos importes representarían entre el 0,10% y el 0,13% del presupuesto asignado a la potencia interrumpible para la temporada eléctrica 2017 (524,8 millones)".
El Ministerio de Energía repartirá en la próxima subasta -que se celebrará entre el 18 y el 22 de diciembre- entre 1.700 y 2.060 megavatios (MW) de energía interrumpible agrupados en bloques de 5 y 90 MW, de los que estos últimos son los mejor remunerados y a los que aspiran empresas grandes consumidoras de energía como Alcoa.
Sobre estos paquetes de mayor tamaño, el organismo supervisor apunta que son "susceptibles de problemas de competencia" porque el número de proveedores y su presión competitiva "fueron reducidos en subastas anteriores". Por ello, recomienda al Gobierno que modifique el sistema, simplifique el diseño de las pujas y eleve la competencia en el producto de 90 MW "bien desagregando el producto bien permitiendo agregaciones de los proveedores de 5 MW".
En relación con esta falta de competencia en el reparto de las primas eléctricas, la Sala de Supervisión Regulatoria recuerda que la Comisión Europea tiene abierta una investigación contra varios países, entre ellos España, por los sistema de pago por capacidad a determinadas compañías, que podrían considerarse ayudas de estado no autorizadas.
Precisamente ese es el motivo por el que el Gobierno prepara la reforma del sistema y negocia con Bruselas su diseño. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Energía establece este año una subasta de la interrumpibilidad solo para cinco meses -entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018-, frente al año que regía en las anteriores, y establece esos cambios que el supervisor tuvo que analizar. Una actuación del Gobierno que Competencia también critica al entender que las modificaciones, tanto del sistema actual como la reforma que prevé realizar a futuro y que negocia con Bruselas, deberían haberse abordado con la suficiente antelación.
Al margen de las apreciaciones anteriores, y como conclusión final, el documento de la CNMC considera necesario abordar la revisión del mecanismo de interrumpibilidad "lo antes posible" para aportar "la mayor estabilidad posible al marco regulatorio actual".
