Los accionistas del Banco Popular que emprendieron acciones civiles contra la pérdida de sus inversiones han comenzado a recibir respuesta de la entidad, que alega falta de competencia de los tribunales nacionales para pronunciarse sobre una operación ejecutada a instancias de Europa.
Según fuentes jurídicas, la defensa de la entidad, que ejerce el despacho de abogados Pérez Llorca, ya ha presentado en los juzgados diversas declinatorias a estudiar por los magistrados, que deberán ahora analizar si aceptan su competencia.
En un escrito dirigido a un juzgado de Primera Instancia, el Popular argumenta que el "carece de jurisdicción internacional para enjuiciar y resolver este procedimiento" ya que le correspondería estudiar la demanda al Tribunal General de la Unión Europea. Sobre la reducción a cero de todas las acciones y bonos de la entidad, justifica que no tomó ninguna decisión, sino que fue "objeto de las adoptadas por las autoridades europeas de supervisión".
