El Gobierno pretende cambiar el sistema de reparto de los incentivos eléctricos entre grandes industrias como Alcoa para ajustarse a los requerimientos de Bruselas, que entiende que podrían considerarse ayudas de Estado, y para ello mantiene una negociación a dos bandas con el propio Ejecutivo comunitario y con las industrias afectadas.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, reveló el pasado martes en el Congreso estas conversaciones con las partes implicadas para diseñar un nuevo modelo que sustituya a la conocida como interrumpibilidad, el servicio por el que las empresas electrointensivas rebajan o suspenden su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de compensaciones económicas. Este sistema cuenta con numerosos detractores por entender que las subastas actuales cuentan con poca competencia y que su desarrollo se realiza de una forma muy opaca. Entre los críticos con la interrumpibilidad están incluso otros países, según dio a entender el ministro en la Comisión de Energía al señalar que la investigación de Bruselas contra España por posibles ayudas estatales parte de denuncias de otros estados miembros.
En principio la subasta de este año -que se celebrará entre los días 18 y 22 de este mes- será la última con las características actuales y tendrá solo una vigencia de cinco meses, frente al año de las anteriores. El Gobierno pondrá en liza dos tipos de productos, de 5 megavatios (MW) de potencia y de 90 MW y descarta crear un lote intermedio "porque aumentaría el coste del servicio".
