La Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos llegaron a un acuerdo "político" para elevar "significativamente" el nivel de calidad y la independencia de las pruebas de homologación de los vehículos. Entre las medidas recogidas en el acuerdo destacan las multas de hasta 30.000 euros por cada automóvil que no cumpla con la normativa europea.
