Fianza de 80 millones a la excúpula de Caixanova por el 'caso Alfageme'

La medida fue impuesta antes de las declaraciones n Los antiguos directivos niegan irregularidades en los créditos dados a Promalar

12.12.2017 | 13:13
Julio Fernández Gayoso.

Antes incluso de entrar en la sala para iniciar la ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional por el caso Alfageme -en el que varios miembros de la excúpula de Caixanova vuelven a estar imputados por los supuestos delitos de administración desleal, contrato simulado y blanqueo de capitales- una de las funcionarias administrativas se presentó ante los antiguos altos cargos para recoger sus firmas y anunciarles que el juez José de la Mata había decidido imponerles a los ocho investigados una fianza solidaria de 80 millones de euros. Es el importe, según Anticorrupción y el propio magistrado, del supuesto perjuicio creado a la entidad por los créditos concedidos desde 2005 a la empresa Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera quebrada Bernardo Alfageme.

A diferencia de lo ocurrido en noviembre de 2012, cuando el juez Ismael Moreno cerró la instrucción del caso de las prejubilaciones y fijó una fianza de 10,5 millones después de escuchar las explicaciones de los imputados, De la Mata optó por imponer la cantidad de forma solidaria minutos antes de tomarles declaración. En el escrito de hace un par de semanas con la citación de los investigados para esta nueva instrucción, derivada de los análisis de operaciones en entidades nacionalizadas por orden del FROB, no hay ni rastro de un posible pago de la fianza.

La Fiscalía apunta a la existencia de un acuerdo para rescatar Bernardo Alfageme y "facilitar la salida en condiciones favorables" de sus accionistas, entre los que entonces estaba el fallecido Guillermo Alonso Jáudenes, que llegó a ser presidente de Caixanova. Según el escrito de acusación, Promalar, dirigida por el también imputado Juan Lago, destinó parte de la financiación para obras inmobiliarias que nada tenían que ver con la conservera. Entre los hechos denunciados está la novación del préstamo originario y la falta de una retasación de los terrenos entregados como aval, calificados inicialmente como urbanizables.

En la Audiencia Nacional estaban convocados ayer José Luis Pego, exdirector general de Caixanova; Domingo González Mera, subdirector general; y José Benito Parente, que fue responsable de la oficina principal. Todos defendieron la legalidad de la operación, "en la que se siguieron todas las normas establecidas por el Banco de España y las internas de la caja", cuentan a este diario fuentes presentes en las declaraciones. Los antiguos directivos recordaron que los préstamos tienen que pasar "por diferentes filtros" antes de su aprobación definitiva "en la comisión de control", que dio su autorización por unanimidad.

Los investigados negaron, además, que la entidad estuviese obligada a hacer una nueva tasación de los terrenos al cambiar las condiciones del crédito, "que en ese momento estaba a corriente de pago". Los antiguos directivos remarcaron, por eso, que no hubo ninguna irregularidad ni tampoco una administración desleal de la entidad.

Hoy declaran el empresario Juan Lago y el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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