El sistema de subastas competitivas a la inversa -gana el que esté dispuesto a ofrecer el servicio a un menor precio- para repartir los incentivos que compensan a la gran industria por reducir o suspender su consumo energético cuando el sistema no logra atender la demanda (el servicio de interrumpibilidad) busca reducir su coste para las arcas públicas. Este sistema permitió importantes ahorros tanto por la competencia entre las empresas para ser adjudicatarias del servicio como por las propias convocatorias del Gobierno, que rebajaron año tras año el precio de salida de los productos en liza.
El Ejecutivo fijó en el primer año de aplicación del sistema de pujas (en 2014) un precio de salida para los bloques de 5 megavatios (MW) de 260.000 euros y este año lo dejó en 150.000 euros, una caída del 42%. Los bloques de 90 MW pasaron de 350.000 a 270.000 euros, un descenso del 23%.
