Alta tensión en las fábricas españolas de la aluminera estadounidense Alcoa. El secretismo que rodeó ayer la primera jornada de la subasta de la interrumpibilidad -la que reparte las compensaciones a la gran industria consumidora de electricidad por estar dispuesta a desconectarse en caso de necesidad- presagia problemas. Ni Red Eléctrica de España (REE), organizadora de la subasta, ni las empresas pujadoras desvelaron el resultado de la subasta de los ocho lotes de 90 megavatios (MW) ofertados este año. La primera se escudó en la necesidad de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) valide el resultado y las segundas, en el deseable secreto de sus estrategias energéticas.

Ante esta incertidumbre, los responsables sindicales de las plantas del Alcoa se ponen en lo peor. "Las otras veces que salieron a subasta ocho lotes de 90 megavatios las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés [Asturias] se quedaron en fuera de juego. Como esta vez se han vuelto a subastar ocho lotes y los pujadores son los mismos, es fácil deducir que ha pasado lo mismo y, en consecuencia, estamos en un aprieto", señaló un sindicalista en declaraciones a este diario.

Otro representante de los trabajadores de la aluminera cree saber lo que toca ahora: "Salvo sorpresa monumental, Alcoa habrá logrado tres paquetes de 90 megavatios que destinará a la planta de San Cibrao (Lugo) y para conseguir las compensaciones eléctricas que necesitan las fábricas de A Coruña y Avilés se la jugará, como ya ocurrió en el pasado, en la repesca de la subasta, si es que la hay".

La repesca a la que alude el sindicalista tiene antecedentes, pero ninguna seguridad de celebración. Red Eléctrica de España la organiza con los restos que queden sin adjudicar en primera ronda de los paquetes de 5 megavatios. Alcoa salvó los muebles en años pasados gracias a esta posibilidad, que le permitiría acceder a unas compensaciones en su factura eléctrica inalcanzables en competencia directa con otros concurrentes a la subasta, que podría prolongarse hasta el viernes.

Los precios de salida fijados por REE fueron de 150.000 euros por megavatio al año para los lotes de 5 megavatios y de 270.000 para los de 90 megavatios. Esto supone poner sobre la mesa una bolsa de 476,4 millones de euros, si bien las industrias interesadas pujan descendiendo en escalones de 1.000 euros el megavatio y esto hace que nunca se reparta todo el fondo inicialmente consignado.

El sistema ha sido criticado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el informe sobre la orden ministerial que introduce modificaciones en el mecanismo de asignación de la interrumpibilidad, al considerar deseable que las ofertas se acumulen en bloques de 5 megavatios para hacer más competitivas las subastas, pues en los bloques de 90 concurren pocas empresas.

Menos dinero y más pujadores

Este sistema de reparto, mediante puja, asignó el año pasado 2.975 megavatios de potencia interrumpible a cambio de 525 millones y atrajo el interés de 138 pujadores de los cuales todos lograron adjudicarse al menos uno de los codiciados lotes. Este año se ofertan 2.600 megavatios (375 menos), el fondo económico asignado a la subasta es de 476,4 millones (48,6 menos) y la nómina de pujadores subió a 150 empresas (12 más). Es decir, la dificultad para obtener algo del pastel es sensiblemente mayor que en 2016.