La aluminera estadounidense Alcoa rompió ayer su silencio sobre el resultado obtenido en la puja de las primas eléctricas por el servicio de interrumpibilidad -que reciben las firmas electrointensivas a cambio de suspender o reducir su consumo cuando el sistema no logra atender la demanda- para señalar que la subasta "ha proporcionado servicios de interrumpibilidad [para 2018] significativamente inferiores a los de este año". La compañía confirmó así -una vez validado el proceso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y publicados los resultados por Red Eléctrica de España (REE)- lo que era un secreto a voces: que la multinacional obtuvo menos incentivos eléctricos que en el reparto realizado el año pasado, lo que reduce la rentabilidad de sus fábricas, especialmente las de A Coruña y Avilés (Asturias). Sin embargo, todo apunta a que la empresa no va a tomar medidas drásticas, al menos de momento, a la espera de que el Gobierno presente su modelo alternativo al sistema de subastas. La celebrada esta semana es una puja "de transición" -su resultado tendrá una vigencia de cinco meses, en vez de un año, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018- y de las declaraciones de la aluminera se deduce que esperará a conocer el nuevo escenario eléctrico español para tomar decisiones: "Esperamos que el plan de medidas presupuestarias que prepara el Gobierno, en línea con las de otros países europeos, permita paliar la situación". Alcoa remarcó que el proceso competitivo fue más duro este año, pero que la empresa participó "como siempre, con el objetivo de obtener el mayor valor de interrumpibilidad posible" para fortalecer la posición de sus fábricas españolas. "Vamos a analizar el resultado de la subasta y el impacto en las operaciones" de la compañía, concluyó una portavoz del grupo.

La multinacional estadounidense no quiso detallar los resultados obtenidos, pero este diario pudo saber que -como publicó en los últimos días- solo logró tres de los seis bloques grandes, mejor remunerados, de 90 megavatios (MW), a los que aspiraba. Y los tres irán para el complejo industrial de San Cibrao (Lugo), que precisaba cuatro. Mientras, las plantas de A Coruña y Avilés, que necesitaban uno cada una, se quedaron sin ninguno, por lo que todas las primas que consiguieron estas dos últimas factorías corresponden a lotes de 5 megavatios, mucho peor remunerados, lo que las deja en una situación similar a la de 2014 o 2015. Pese a todo, ambas lograron incentivos para la totalidad de los megavatios que ofertaban, 120 MW la coruñesa y 115 la asturiana.

Una muestra de la competencia y dificultades de la subasta de este año es el hecho de que la planta de alúmina de Alcoa en San Cibrao -menos intensiva en el consumo de energía que las fábricas de electrolisis y que competía normalmente por bloques de 5 MW- se quedó sin incentivos, algo que no había ocurrido en ninguna de la subastas anteriores, que comenzaron a celebrarse en 2014.

Al final, como pedían los trabajadores de A Grela, parece que la aluminera va a esperar estos cinco meses de transición para definir el futuro de las factorías españolas. Las de A Coruña y Avilés están en una situación similar a la de los años 2014 y 2015, cuando se quedaron sin bloques bien remunerados y la empresa estudió ajustes o incluso el cierre de las fábricas.

Tanto Alcoa como los trabajadores de la planta de A Grela reclaman desde hace años al Gobierno un sistema eléctrico más estable que elimine la incertidumbre, permita planificar la actividad a largo plazo y ofrezca precios de la energía que permitan a la industria competir en igualdad de condiciones.