La multinacional Ferroglobe -resultado de la fusión de la española Ferroatlántica y la estadounidense Globe- defiende que los "cambios recientes y demás circunstancias" de la compañía son los que provocan la necesidad de una regulación de las condiciones laborales de todos sus centros de trabajo en España en el ámbito de un acuerdo marco estatal, que los trabajadores de sus fábricas y centrales hidroelécricas de A Costa da Morte rechazanfábricascentrales hidroelécricasA Costa da Morte. "Las negociaciones de convenio se han realizado tradicionalmente bajo parámetros de centro de trabajo en la totalidad de sus condiciones laborales, pero en la actualidad, dados los cambios estructurales experimentados, dicha estructura no se corresponde ni con la dimensión de la empresa ni con sus necesidades", reza el acta de la reunión del pasado 15 de diciembre entre representantes de la empresa y de los sindicatos en la que los directivos de Ferroglobe expusieron sus argumentos sobre por qué consideran necesaria una negociación colectiva de ámbito estatal.
El documento que recoge el resumen del encuentro, al que ha tenido acceso este diario, muestra cómo el grupo controlado por Villar Mir defiende que ahora es una multinacional, con gran diversidad de centros de trabajo dispersos en diferentes países, lo que hace necesaria "la existencia de una intervención más fuerte de la función corporativa nacional". "Por ello, la eficiencia de la negociación colectiva tiene que mejorar", sentencian los responsables de Ferroglobe.
La compañía también defiende que en España tiene varios convenios en ultraactividad, en algunos casos desde hace dos años, y que la situación económica del grupo es negativa. En 2016, expuso a los sindicatos, perdió más de 300 millones de dólares y en 2017, aunque la situación fue mejor, siguió en pérdidas al menos hasta el tercer trimestre. Esta situación llevó a que la firma tuviese que refinanciar deuda, "lo cual se tuvo que hacer en condiciones desfavorables como consecuencia de los malos resultados de 2016", a unos tipos de interés del 9% que ahora debe afrontar. "La situación hubiera mejorado mucho con la venta de las centrales pero esa opción no se ha producido", señala el acta del 15 de diciembre.
Y la empresa sostiene que la puesta en marcha de la negociación de este acuerdo marco responde "al sentimiento generalizado de las plantillas, muchas de ellas con tablas congeladas desde hace dos años". Los sindicatos que aún siguen en la negociación con la empresa -todos (UGT, CCOO, USO y SUC) menos la CIG, que la abandonó tras el encuentro del día 15- ratifican este argumento: "Sí hay prisa por la parte social porque hay compañeros que llevan dos años con el salario congelado".
De hecho, el secretario general de la sección de Metal, Construcciones y Afines de UGT en A Coruña, Roberto Teijido, defendió en declaraciones a este diario que el acuerdo marco "es legal, puede negociarse" y es necesario para "desbloquear la negociación colectiva" en los centros de trabajo españoles. "En la negociación estatal se plantean planes de igualdad, de seguridad y salud o formación, que no hay a nivel de empresa, y también temas económicos para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Pero cada convenio de centro de trabajo será independiente. El acuerdo marco no va en menoscabo de lo que se negocie en cada centro de trabajo", sentencia Teijido. Este sindicalista defiende que UGT nunca defendió la venta de las centrales hidroeléctricas gallegas y que solo apoyó el plan de inversiones planteado por Ferroatlántica "siempre cumpliendo la legalidad". Finalmente ese plan de inversiones decayó por el veto de la Xunta que impidió vender los saltos de agua, lo que, afirma Teijido, deja a los sindicatos preocupados "por los efectos negativos que la no aplicación del plan de inversiones puede tener en la provincia de A Coruña y en Galicia".
El sindicato CIG y el comité de empresa de la fábricas de ferroaleaciones de Ferroatlántica en Cee y Dumbría, por contra, rechazan la negociación de un acuerdo marco estatalacuerdo marco de condiciones laborales al entender que usurpa "la legitimación de negociación de los comités de empresa". De hecho, según el acta del 15 de diciembre, y antes de abandonar la mesa de negociación, la CIG pregunta a la empresa por qué en el caso del plan industrial vinculado a la venta de las centrales Ferroglobe habló con los comités de empresa de cada fábrica para lograr su apoyo y en el caso del acuerdo marco no lo hace, eligiendo como interlocutores a los sindicatos. El grupo replica que busca "acuerdos más abiertos desde una compañía de ámbito multinacional".
