Nuevo varapalo judicial por el reparto de competencias de los programas de ayudas. El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional la actual gestión del Programa de Activación de Empleo (PAE), que otorga una ayuda de 426 euros al mes a parados de larga duración. El fallo del Alto Tribunal no supone la paralización de este programa -todos los beneficiarios podrán seguir percibiendo la ayuda- pero supone un punto de inflexión de cara a las negociaciones que mantienen Gobierno e interlocutores sociales para renovar este plan.
La sentencia tiene su origen en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco al entender que el reparto de competencias que recogía el programa era contrario a la Carta Magna. El fallo del TC establece ahora que la gestión del PAE debe correr a cargo de las comunidades y no del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
