La fusión de Caixanova y Caixa Galicia supuso el adiós al sector financiero del ex director general de la caja coruñesa José Luis Méndez López. Su gestión al frente de la entidad, como recogen las actas del Banco de España fue "desafortunada", con una expansión "agresiva" y "sin controles internos". Era una caja en dificultades que, junto a Caixanova, optó por la vía de la fusión para intentar hacerse más fuerte. Pero la solvencia de la entidad viguesa era similar y el FROB condicionaba su manguerazo de ayudas públicas -incluso, como fue este caso, para integraciones de entidades consideradas oficialmente viables-, a mejorar la gestión.

Méndez explicó en su comparecencia del 21 de junio de 2013 en la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego una parte de lo ocurrido con la caja coruñesa con él al frente. Pero también dejó muchas preguntas sin responder. Ahora su estado de salud parece que va a impedir que dé esas respuestas. También ante la Audiencia Nacional, que lo ha imputado junto a otros antiguos altos cargos de Caixa Galicia por un crédito inmobiliario.

El ex director general de la caja coruñesa no había sido implicado hasta ahora en ninguna de las investigaciones de Anticorrupción sobre los exresponsables de las entidades nacionalizadas. La atención judicial se centró hasta ahora en los antiguos altos cargos de Caixanova, tanto por las indemnizaciones millonarias que fijaron para el momento de abandonar Novacaixagalicia (la caja fusionada) como por créditos concedidos por la caja viguesa que, supuestamente, supusieron un importante quebranto en sus cuentas.

La jueza Carmen Lamela tiene abierta una investigación por la concesión por Caixa Galicia en 2004 de 15 millones de euros a la constructora Cueva Mar, de Almería. Según confirman fuentes de la Audiencia Nacional, el proceso está abierto desde hace bastantes meses y las supuestas ilegalidades encajan como un guante con la descripción que el Tribunal Supremo y la propia Audiencia Nacional hicieron de la labor de Tasagalicia, la tasadora de Caixa Galicia, en sus condenas para confirmar las multas impuestas por el Ministerio de Hacienda en 2010 por las "sobrevaloraciones" a inmuebles y terrenos. En este caso, existen terrenos entregados como aval que no superan, a juicio de los peritos, un valor de pocos miles de euros o que, sencillamente, no eran urbanizables. El presunto perjuicio creado a la entidad supera los 20 millones. No consta que, al contrario de lo sucedido con los directivos de Caixanova, se le haya fijado algún tipo de fianza.

La Audiencia Nacional señala además que todos los imputados, con Méndez a la cabeza, "ya declararon". Pero las mismas fuentes no pueden aclarar si, como pretendía el ex director general de Caixa Galicia, lo hizo por escrito y no personalmente amparándose en su estado de salud. Méndez, según otras fuentes consultadas por este diario, sufre una enfermedad que le impediría desarrollar una vida normal.

A esa razón es probable que vuelva a aferrarse José Luis Méndez cuando se le cite para comparecer en la comisión de investigación sobre el sector financiero abierta en el Congreso de los Diputados. En principio, estaba previsto que él, junto con los que fueron presidentes de las dos entidades de ahorro gallegas -Mauro Valera de Caixa Galicia y Julio Fernández Gayoso de Caixanova- acudieran a la Cámara Baja el próximo 6 de febrero. Todavía no están citados.

Pero a José Luis Méndez le persiguieron los escándalos antes incluso de que abandonara la primera línea del sector financiero. Los rumores sobre la quiebra de la entidad se dispararon ante la caída del negocio de la entidad, que intentó salvar un simbólico beneficio de 22,5 millones hasta septiembre de 2010, a las puertas de la fusión con Caixanova, gracias a las plusvalías por la venta de su participación en la petrolera Galp. La decisión de la Audiencia Nacional de imputar al que fue su director general y otros miembros de la cúpula por un préstamo a una constructora almeriense no despeja las dudas, sin embargo, sobre otras operaciones fallidas, más cuantiosas, que llegaron a estar en el foco de Anticorrupción o en denuncias públicas. Las principales son las siguientes:

ELos más de 300 millones de Astroc. La investigación sobre los 15 millones concedidos a Cueva Mar es una de las operaciones entregadas por el FROB a la Fiscalía tras los forensic realizados a las entidades nacionalizadas. Entre esas operaciones enviadas a Anticorrupción se supo en noviembre de 2014 que también estaban una docena de créditos de Caixa Galicia a Astroc, paradigma del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España. La caja manejó el 5% del capital de la compañía y ejecutó varios movimientos de venta y compra de títulos que, junto con los préstamos, podrían haber supuesto un quebranto de 300 millones. No se ha vuelto a saber nada de la investigación. Son operaciones de 2006, así que existe un riesgo de que puedan estar prescritas y que, por lo tanto, cualquier ilegalidad quede indemne.

EEl rascacielos de la ruina. Caixa Galicia estuvo en el corazón de otro de los símbolos de la burbuja del ladrillo, de "la metáfora de la locura", como lo definió el periódico británico The Guardian. La entidad entregó 93 millones para la construcción del rascacielos InTempo, en Benidorm, pendiente todavía de acabar. Fue uno de los activos que pasaron a la cartera de la Sareb, que se deshizo del préstamo a finales del pasado año tras su venta al fondo de inversión SVP Global.