El sindicato CIG y el BNG analizaron ayer el proceso de licitación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de la Xunta, del que la central sindical reclama su paralización. Los responsables de la CIG entienden que el presupuesto fijado en el pliego de cláusulas administrativas "resulta insuficiente para cubrir los costes laborales" de la prestación del servicio, una situación que afecta a 167 trabajadores.