Únicamente dos de los diez miembros del pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) votaron en contra del informe que puso en jaque el intento del Ministerio de Energía de proveerse de una norma que le permita tener la capacidad de frenar el cierre de centrales eléctricas (de carbón, nucleares o de cualquier otro tipo) cuando, como se presume en el caso de las térmicas, existen riesgos de subidas de precios y de restricciones a la competencia en el mercado eléctrico. Los economistas Benigno Valdés y María Fernández, ambos cercanos al ministro de Energía, Álvaro Nadal, fueron quienes cuestionaron el controvertido documento.

De acuerdo con la información recabada por este diario, Fernández y Valdés consideran que el informe se centra en exceso en argumentaciones jurídicas -el problema del rango del real decreto o la posible colisión con el derecho a la libertad de empresa o la reglamentación energética europea que está en elaboración- y omite casi por completo los asuntos relativos al precio de la energía y al impacto en la competencia. Según esta argumentación, un cierre desordenado y acelerado de las térmicas o de las nucleares podría efectivamente elevar la factura eléctrica y dañar la competitividad del país.

Internamente, en la CNMC, se ha cuestionado además que, como refiere el informe en sintonía con las eléctricas, el decreto Nadal vulnere la libertad de empresa, porque el eléctrico es un sector muy regulado por necesidades de interés general que también se dan en el caso de la regulación de los cierres.