Los sindicatos del Banco Popular acusan al Santander de "presionar y coaccionar" a algunos trabajadores de la entidad financiera absorbida en junio del año pasado para que se sumen voluntariamente al expediente de regulación de empleo (ERE) y convertirlo así en un "traje a medida". El acuerdo para aplicar el despido colectivo, sellado por el banco y las centrales sindicales, preveía 1.100 salidas en todo el Estado y fijaba como plazo de adhesión voluntaria hasta el pasado 31 de enero. Después, el banco tenía hasta el 5 de febrero para responder aceptando o denegando las solicitudes, una fase tras la que comenzaría a seleccionar los despidos forzosos.
Los representantes de la plantilla del Popular en Galicia denuncian, sin embargo, que la entidad financiera incumplió el acuerdo y ejerció "una presión sistemática" sobre determinados trabajadores para que se sumasen al plan de bajas, por lo que ven "coacción" durante un periodo de adhesión que debería ser neutro.
"Un acuerdo que a priori era razonable, en cuanto a las condiciones, se está convirtiendo en malo por la forma de actuar del banco", lamentó el responsable del sector financiero en UGT-Galicia, Javier Castro. "Hubo un interés excesivo porque algunos empleados, a los que el banco convocó hasta a tres reuniones durante el periodo de adhesión voluntaria, se sumasen al ERE con comentarios como 'no contamos contigo', 'es mejor que te adhieras', 'este departamento va a desaparecer' o 'las siguientes condiciones (de un futuro ERE o despido) pueden ser peores", relató el responsable de UGT, de acuerdo con los comentarios escuchados de trabajadores gallegos que sufrieron "estas presiones".
Una forma de actuar que confirma la representante de la CIG en el Popular-Pastor, Rosa Conde. "La empresa está seleccionando la gente que le interesa. Hay compañeros del centro de Orillamar [de A Coruña, con 159 potenciales afectados] que fueron llamados hasta en tres ocasiones durante el periodo de adhesión voluntaria por los responsables de recursos humanos para conminarlos a apuntarse, avisándoles de que podrían ser elegidos por el banco para las salidas forzosas una vez finalizado el plazo", detalló esta sindicalista, que aclaró que el comité instó al banco a aclarar el contenido de estas entrevistas, a lo que alegó que eran para informar sobre las condiciones económicas y del acuerdo sobre el ERE. Una vez acabado el plazo, añade Conde, los contactos siguieron y el banco ofrecía a los afectados dos posibilidades: "O sumarse al ERE voluntariamente o el despido forzoso, con la diferencia económica que supone". "Las presiones fueron brutales y el estrés al que se sometió a los trabajadores no tiene precedentes. En el anterior ERE del Popular se respetaron los plazos", aseveró la portavoz del sindicato CIG.
"Traje a medida"
Los sindicatos lamentan que el acuerdo del despido colectivo permite al Santander rechazar las solicitudes que considere y, si no cubre el cupo de 1.100 voluntarios -el plazo acabó con 900 en toda España, unos 120 en Galicia-, elegir los despedidos forzosos. Estas cláusulas del acuerdo, afirman, "le permiten hacer un traje a medida". "Hubo una presión sistemática desde el principio y, mientras a algunos trabajadores se les instó a adherirse al ERE, a otros se les dijo que no se inscribiesen porque su solicitud sería rechazada. Para esto no era necesario negociar el despido colectivo", sentencia Conde, que asegura que incluso hubo algún caso de empleados con reducción de jornada por cuidado de hijos que también fueron "animados" a sumarse al ERE.
Los sindicatos denuncian esta actuación del Santander y critican la "opacidad" de todo el proceso. "Todo lo que sabemos es por los trabajadores; el banco no informa de nada", denunció la portavoz de la CIG. "No da información y tampoco quiso constituir una comisión de seguimiento del despido colectivo", concluyó Castro.
