El grupo empresarial de la familia Villar Mir no se resigna a que la Xunta le impida hacer caja con la venta las centrales hidroeléctricas de Ferroatlántica en A Costa da Morte. Agotada la vía administrativa, la compañía integrada en el líder metalúrgico Ferroglobe acude ahora a los juzgados. Según anunció ayer, interpuso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Gobierno gallego que le denegó la segregación de las actividades que desarrolla en las fábricas de ferroaleaciones de Dumbría y Cee y las seis centrales construidas en los ríos Xallas y Grande.
En un comunicado, la empresa recordó que solicitó a la Xunta en 2017 que devolviese las concesiones hidroeléctricas "a su régimen original", que "no impedía la segregación de esos activos de las fábricas de ferroaleaciones" y lo vinculaba a "asegurar la viabilidad de sus planes de crecimiento en Galicia". Así, menciona el desarrollo de una fábrica de silicio solar en Arteixo (A Coruña), "que ha quedado suspendido", dicen. Ferroglobe anunció el otoño pasado que desarrollará el proyecto en Puertollano (Ciudad Real).
Augas de Galicia rechazó en julio del año pasado segregar las centrales hidráulicas que Ferroatlántica explota en los ríos Xallas y Grande de las fábricas de ferroaleaciones que la empresa opera en Cee y Dumbría. Posteriormente, en diciembre, se conoció la negativa de la Consellería de Medio Ambiente al recurso de alzada. Una vez agotada la vía administrativa, la empresa ha decidido recurrir la decisión de la Xunta ante el alto tribunal gallego "para hacer valer sus derechos", según apunta en el comunicado.
La actividad industrial, en juego
Los planes de venta de las centrales fueron tachados de especulativos y desataron la movilización de la plantilla de A Costa da Morte, que mantiene que sin las hidroeléctricas las fábricas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría están abocadas al cierre y esto pone en riesgo 400 empleos.
En su recurso, Ferroatlántica alega que dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago, José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho, concluyeron que la Xunta "carecía de base jurídica para negarse a la petición de la compañía", de manera que, al hacerlo, "incurrió en una arbitrariedad". La compañía sostiene que la negativa a segregar la actividad hidroeléctrica de la de ferroaleaciones "no se atiene, por anacrónica, a la realidad industrial de la empresa, ya que la viabilidad futura de las fábricas no depende en nada del negocio hidroeléctrico de las centrales".
No obstante, la Xunta, que tenía la última palabra sobre la segregación planteada por Ferroatlántica en sus negocios hidroeléctricos y de aleaciones, entendió que el proceso planteado por la empresa no reunía las condiciones necesarias ni cumplía los requisitos legales para suprimir las condiciones vigentes en la concesión, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la comunidad. Ferroglobe había presentado un plan con una inversión de 100 millones de euros para Galicia.
