El Ministerio de Energía estableció este año una vigencia del servicio de interrumpibilidad -por el que las grandes industrias como Alcoa reducen o suspenden su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de compensaciones económicas- de solo cinco meses como periodo transitorio hacia un nuevo modelo de reparto de las primas eléctricas más estable y acorde con las exigencias de Bruselas. Sin embargo, a falta de tres meses y medio para que finalice ese plazo -el 31 de mayo- el Gobierno aún no ha presentado el que será su nuevo modelo energético, una situación que hace temer que haya una nueva subasta de los incentivos eléctricos entre la gran industria, una opción que no convence a las empresas.
La aluminera estadounidense Alcoa -una de las industrias a las que más afecta el precio de la electricidad en el desarrollo de su negocio- confía en que tras estos cinco meses "de transición" haya un nuevo modelo "que aporte lo que la industria necesita". "Hablamos de energía a un precio competitivo, en línea con otros países europeos con los que tenemos que competir, y estabilidad para poder desarrollar nuestra actividad con normalidad", detallan fuentes de Alcoa.
La multinacional estadounidense obtuvo en la subasta de los incentivos eléctricos de 2018 peores resultados que un año antes pero esperará a conocer el nuevo modelo energético del Gobierno para decidir sobre el futuro de su negocio en España.
