La administración concursal de Unipost solicitó ayer al juez que instruye el caso que abra ya la fase de liquidación del operador postal privado tras no haber recibido ninguna oferta "razonable" para la adquisición de su unidad productiva. El bufete de abogados Jausas, administrador concursal de la compañía, comunicó ayer la decisión y aseguró que ha trabajado "hasta el último momento para encontrar una solución" que garantizase la continuidad de la firma. Una vez haya resolución judicial se abrirá un plazo de tres meses como máximo para poner fin a la actividad de la firma con el cierre de todos sus centros en España -entre ellos los de A Coruña y Vigo, tras haber cerrado este mes los de Santiago, Ourense y Pontevedra- y despedir a los alrededor de 1.400 trabajadores que le quedan en plantilla, unos 55 en Galicia.
La administración concursal destacó que la situación económica de la concursada "sigue estando seriamente deteriorada, con graves tensiones de tesorería y unos créditos contra la masa que no han cesado de aumentar". Mientras, el plazo de 40 días dado para que Unipost recibiese ofertas por su unidad productiva -después de que el titular del juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona acordara "diferir" dos meses la apertura de la fase de liquidación- concluyó el pasado domingo sin que la administración concursal recibiese esa oferta "razonable".
La administración concursal solicitó el pasado 15 de diciembre la apertura de la fase de liquidación de Unipost "al haberse reducido sustancialmente el volumen de negocio" y propuso el cese parcial de la actividad empresarial "teniendo en cuenta que, en sus parámetros actuales, no es viable y la única opción es su liquidación, bien a través de la venta de la unidad productiva o mediante la venta individualizada de los bienes".
Unipost solicitó el concurso voluntario de acreedores el 12 de julio del año pasado por insolvencia, con unos activos de 40,6 millones de euros frente unos pasivos de 47,4 millones.
En octubre presentó un despido colectivo para sus 2.200 trabajadores (123 de ellos gallegos) y en las últimas semanas lo ha ido aplicando por fases. Entre diciembre y enero prescindió de unos 500 empleados en toda España (22 en Galicia) y este mes despidió a otros 359 profesionales, 46 de ellos de sus delegaciones gallegas. Estos últimos fueron en su mayoría por el cierre de los centros que tenía en Santiago, Pontevedra y Ourense, con lo que le quedan los de A Coruña y Vigo, con esos 55 trabajadores.
