La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el pasado 7 de febrero un informe en el que señala que la decisión de la Xunta de mantener la prohibición de segregar (separar) la actividad de las centrales hidroeléctricas de A Costa da Morte de la producción de ferroaleaciones "para la salvaguarda de un interés general consistente en el mantenimiento del empleo en la zona en que están establecidas dichas actividades" -lo que impide a Ferroatlántica vender los saltos de agua- limita "el ejercicio de la actividad económica del operador [la empresa] en la medida en que condiciona la gestión de su negocio". El informe del organismo que preside José María Marín Quemada remarca que este veto puede constituir además "una barrera al acceso de nuevos operadores a la actividad de generación hidroeléctrica al no resultar posible una segregación que permita la venta".

El documento, al que ha tenido acceso este diario, es la respuesta a un escrito presentado por Ferroatlántica en el que carga contra la decisión del Ejecutivo autonómico por considerarla injusta y contraria a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado por restringir, entre otros, "el derecho a la libertad de empresa". La argumentación del informe, sin embargo, se basa únicamente en comparar los hechos denunciados por el Grupo Villar Mir con la legislación vigente, sin hacer un análisis amplio y a fondo de la respuesta dada por la Xunta. De hecho, de la lectura del documento se infiere que sus autores no tuvieron acceso a la resolución oficial del Ejecutivo gallego pues las únicas referencias a ella son las vertidas por Ferroatlántica en su reclamación.

El dictamen de Augas de Galicia -emitido en julio del año pasado y ratificado en diciembre por la Consellería de Medio Ambiente- sostenía que la solicitud de la filial de Ferroglobe "no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión [de las centrales hidroeléctricas], que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial".

Competencia, sin embargo, señala que en una decisión de este tipo "no bastaría con la mera invocación de una razón de interés general, sino que se debe motivar que el mantenimiento de la medida cuestionada es idóneo para salvaguardar dicha razón de interés general". Además, continúa el documento de la CNMC, debe demostrar que la decisión adoptada "es la menos restrictiva posible, aportando los datos que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos anteriores".

El informe del supervisor también señala que las limitaciones al ejercicio de una actividad deben ser "proporcionadas" y que la prohibición de segregación "no podrá obedecer a motivos de naturaleza económica", pues así lo establece la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Ferroatlántica entiende que los argumentos dados por la Xunta no son suficientes para impedir la segregación de las actividades en A Costa da Morte y por ello el pasado día 9 presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Precisamente, tras conocer la existencia del informe, la matriz Ferroglobe emitió una nota en la que indica que el informe de la CNMC "será sin duda de utilidad para los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG especialmente para verificar el cumplimiento de la LGUM [Ley de Garantía de la Unidad de Mercado]".

Ferroatlántica pretendía vender los saltos de agua de los ríos Xallas y Grande, en A Costa da Morte, y planteaba un plan industrial en el que incluía una inversión de 100 millones de euros "destinada a mejorar su capacidad de fabricación y crear 500 empleos en la provincia coruñesa". Un proyecto que la plantilla de Cee y Dumbría rechaza, por lo que realizó numerosas movilizaciones contra la venta de las centrales.