Los pensionistas se rebelan ante la subida del 0,25% en sus pagas e ilustran en las calles el particular pulso que mantienen ante el Gobierno para que la subida se estire más allá de los dos euros mensuales. El colectivo ganó ayer su primera batalla al arrancar del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el compromiso de una rebaja fiscal para aquellos pensionistas de "edad muy avanzada". Ante las dificultades de las arcas de la Seguridad Social para afrontar una mayor subida en las pensiones (los 8.100 millones de euros de su fondo de reserva apenas llegarían para cubrir el déficit de aquí al mes de junio), será Hacienda quien salga al rescate. "Para mejorar las pensiones, o aumentas el déficit de la Seguridad Social o el de la Administración central, y todo parece indicar que se apostará por esto último", sostiene el economista Vicente Martín. A falta de que se concreten los detalles de esta medida, los pensionistas verán mejorado su poder adquisitivo no tanto por una mejora en sus prestaciones como por una rebaja en su peaje con la Agencia Tributaria.
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este diario declaran que la reforma todavía se encuentra en fase de elaboración y que todavía no hay "medidas concretas" pero, según Montoro, la intención es que esta rebaja fiscal se dirija hacia aquellos pensionistas de mayor edad. Actualmente, a los jubilados gallegos se les retiene un 6,29%; esta reforma podrían ver aliviada esta carga fiscal, aunque no a todos por igual. "Si la medida se canaliza a través de una deducción fiscal en la Declaración de la Renta, ésta solo tendría impacto sobre aquellos pensionistas que cuentan con unos ingresos más elevados, dejando al margen al resto", destaca Bárbara Vega, del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia.
La razón se encuentra en que, según los datos de la Agencia Tributaria del año 2016, el 62,7% de los pensionistas gallegos (casi 500.000 de un total 791.884) se encuentran exentos de pagar IRPF, al cobrar menos de los 12.000 euros al año que marcan el mínimo exento -en verano fue ampliado hasta los 14.000 euros-. Una rebaja del tipo impositivo no tendría ningún efecto sobre este colectivo que solo se beneficiaría de esta medida en el caso de que se pusiese en marcha un crédito fiscal o un impuesto negativo que abonase una determinada cantidad adicional de dinero a los jubilados en el momento de la presentación de la declaración de la renta.
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En la misma línea, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señalaron que más del 63% de los jubilados españoles ya está exento del pago de IRPF. Por ello, resaltaron el alcance "limitado de esta medida", que beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos, por lo que consideran que el Gobierno podría impulsarla para "sumar apoyos en aras de aprobar las cuentas públicas y calmar los ánimos tras las masivas protestas que están teniendo lugar en toda España para defender la suficiencia del sistema público de pensiones".
Vicente Martín considera el anuncio de ayer como "un globo sonda" para adelantar una medida que todavía no está articulada y, de esta forma, "calmar a los pensionistas tras las multitudinarias manifestaciones y salir al paso de las últimas encuestas", desfavorables para el Partido Popular.
Además de la opción de rebajar impuestos para mejorar la situación económica de los pensionistas, sobre la mesa está también la posible creación de tributos específicos para asumir estas partidas. Sobre la mesa está la propuesta del Gobierno para financiar las pensiones de viudedad y orfandad a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió ayer que España está "pagando más pensiones, más altas y a más pensionistas que nunca" y pidió a los grupos parlamentarios que recuperen el espíritu del Pacto de Toledo y eviten un "debate desleal" en esta cuestión.
PROTESTA EN A CORUÑA
Precisamente, la CIG concentró ayer en el Obelisco a decenas de jubilados que protestaron contra el "saqueo" al sistema público de pensiones y en defensa de unas pagas "dignas" en la vejez. El sindicato reclama que el Estado garantice prestaciones de jubilación que al menos alcancen el salario mínimo, ya que casi el 60% de las gallegas no llega. Las concentraciones se realizaron en nueve localidades.
