A partir del año que viene la Seguridad Social cambiará la manera en que calcula las pensiones de los nuevos jubilados. No solo tendrá en cuenta las cotizaciones, sino también la esperanza de vida (es lo que se conoce como factor de sostenibilidad). Entonces las pagas serán más reducidas; se supone que el sistema público soportará la carga de abonar estas prestaciones durante más tiempo porque la previsión es que las personas de más de 65 años sobrevivan otras dos décadas. Pero, aún sin haber entrado en vigor este sistema, impulsado tras la reforma de 2013, las pensiones han empezado a achicarsepensiones debido a los efectos de la recesión y la precariedad del mercado laboral. Las prestaciones de jubilación que se dieron de alta el año pasado fueron más bajas que las del ejercicio anterior, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es una situación de la que no existen precedentes estadísticos en Galicia (la serie arranca en 2005).

El año pasado se dieron de alta como jubilados 20.841 personas en Galicia, que percibieron de promedio una pensión de 1.164,92 euros al mes. En 2016 habían hecho lo propio otras 20.693 personas, con una paga inicial de 1.171,31 euros. Esto implica que, por haberse retirado un año después, los últimos en dejar el mercado laboral han visto reducidos sus ingresos en casi 90 euros, teniendo en cuenta que se abonan 14 pagas. El colectivo de jubilados es muy mayoritario entre los pensionistas gallegos, conformado además por los que ingresan una paga de incapacidad permanente, de viudedad, de orfandad y a favor de familiares. Eso sí, las pensiones solo han encogido -de momento- en el caso de los primeros.

Hasta ahora la reducción de las pagas se había producido en algunos meses puntuales, nunca en el cómputo anual (al menos desde 2005, cuando entraron en la bolsa de jubilación las perceptoras del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez o SOVI). Pero es un escenario que se repetirá y cronificará en el futuro. Según las estimaciones de la Comisión Europea, las pagas públicas representarán en 2060 menos de la mitad del último salario, de ahí que se hayan masificado los mensajes en favor de los planes privados. A este deterioro se suma además el límite del 0,25% para la revalorización de las pensiones y el alza del coste de la vida (inflación), que cerró 2017 en el 1,2%.

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A este respecto, y espoleado por numerosas concentraciones celebradas en toda España por los pensionistas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado una sesión monográfica en el Congreso de los Diputados. Será el próximo miércoles, día 14, y será un debate en el que no habrá lugar para votaciones ni resoluciones. Pese al enfado de casi todo el arco parlamentario, Moncloa se limitó a tramitar una comparecencia informativa del presidente, sin votaciones.

"Hemos subido las pensiones todos los años de la crisis, es verdad que poco, mucho menos de lo que nos hubiera gustado, y ahora que hay recuperación la gente quiere que se les suban más y los funcionarios cobrar más... Yo entiendo todas las reivindicaciones pero, como presidente del Gobierno, tengo que tener una visión general. Hay que ir poco a poco. Lo que no podemos hacer es gastar lo que no tenemos", explicó ayer Rajoy. "No es que no quiera subirlas [las prestaciones], yo quiero subirlas, pero es un problema de poder", zanjó, en la misma línea de las declaraciones realizadas tras las últimas movilizaciones de los pensionistas.