Todos los partidos de la oposición emplazaron ayer al PP a abordar cambios en el mecanismo de revalorización de las pensiones, que por quinto año consecutivo se ha saldado con una subida del 0,25%, esta vez contestada con movilizaciones en la calle de los sindicatos y las organizaciones de jubilados. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debatió ayer esta cuestión, con la izquierda alineada a favor de que las pensiones se vuelvan a actualizar según el IPC y con otros partidos como Ciudadanos, PNV y PDeCAT abiertos a discutir modificaciones del sistema vigente. El partido del Gobierno no se negó a ellas en redondo, aunque pidió un examen previo de las repercusiones económicas.
La subida de las pensiones fue debatida en sede parlamentaria el mismo día en que la Comisión Europea incluyó en un informe sobre España alusiones significativas a las reformas aprobadas en 2011 (aumento de la edad de jubilación gradual hasta los 67 años y ampliación de la parte de la vida laboral que se tiene en cuenta para calcular la pensión) y en 2013 (revalorización desconectada del IPC y ajuste de las pensiones iniciales según evolucione la esperanza de vida). Según el diagnóstico de Bruselas, estas reformas hacen más sostenible económicamente el sistema, aunque reconoce que es a costa de considerables recortes en la generosidad de las prestaciones.
La tasa de reemplazo
El informe remarca que la llamada tasa de reemplazo (proporción que supone la pensión del nuevo jubilado respecto a su último salario) bajará treinta puntos, pasando del 80% actual al 60% en 2030 y a menos del 50% en 2060. "Estas reducciones se encuentran entre las más grandes de la Unión Europea, con un posible fuerte impacto negativo en los niveles de vida de la población española mayor", reza el documento del Ejecutivo comunitario.
En la comisión del Pacto de Toledo, los representantes del PSOE, Unidos Podemos y Compromís defendieron que únicamente se evitará el empobrecimiento de los pensionistas si se suprime el mecanismo de revalorización vigente (ligado a la salud financiera de la Seguridad Social) y se cambia por subidas iguales a la inflación.
Parlamentarios nacionalistas, tanto vascos como catalanes, sugirieron modificaciones en la fórmula actual que aplica el departamento que dirige Fátima Báñez para que se tengan en cuenta indicadores como el comportamiento de los precios, de los salarios o el crecimiento económico al actualizar las prestaciones. "Hay acuerdo en intentar buscar lugares comunes. Un lugar común es que la regla del 0,25% no sirve para actualizar las pensiones", afirmó el portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran.
Gerardo Camps, del PP, abogó por no pronunciarse hasta conocer una evaluación económica y técnica por parte de la Seguridad Social. Algunos de los grupos de la izquierda criticaron la "falta de definición" de Ciudadanos al formular su propuesta. El partido de Albert Rivera comparte la necesidad de revisar el índice de revalorización, pero no precisó qué elementos (tales como evolución de los precios, salarios, productividad...) debería tener en cuenta el nuevo mecanismo.
