La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de cerrar la puerta a que el grupo coruñés de distribución alimentaria Gadisa recupere los 10,1 millones de euros que invirtió en enero de 2012 en Novagalicia Banco (NCG), una operación con la que pretendía, junto a otros empresarios gallegos, ayudar a reflotar la entidad heredera de la fusión de las cajas gallegas. El auto del Alto Tribunal, emitido el pasado 21 de febrero, declara "inadmisibles" los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la compañía presidida por Roberto Tojeiro contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en julio de 2015 que rechazaba anular los contratos de compra de acciones de NCG.
La resolución del órgano provincial consideraba que no había habido ocultación de información por parte de Novagalicia ni del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -las demandadas- en los días previos al cierre de la operación, por lo que declara válida la transacción. Semanas después, las nuevas exigencias de capital y la revisión de la valoración de NCG hicieron necesaria una operación acordeón -reducción del capital de la entidad a cero- y la inyección de fondos públicos, lo que provocó que los inversores gallegos -entre ellos Gadisa- perdiesen los más de 70 millones que habían colocado en la entidad financiera entonces dirigida por José María Castellano.
La sentencia del Supremo es firme -ya no cabe más recurso- y la demandante deberá abonar las costas del proceso. El fallo marca además la línea que pueden seguir los otros cuatro procesos judiciales que están abiertos en relación con la inversión de los empresarios gallegos en NCG. Uno de ellos está aún en primera instancia (el de Egasa e Igalux, que instruye un juzgado de Madrid), otro en la Audiencia Provincial de A Coruña (el del empresario Manuel Añón) y los otros dos a la espera también de la decisión del Supremo (tanto la demanda liderada por el empresario Manuel Jove como la de Hijos de Rivera y otras firmas de la comunidad gallega).
El caso de Gadisa es especialmente llamativo porque (al igual que Manuel Jove) en primera instancia recibió una sentencia favorable. La titular del juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, en la que consideraba que tanto el fondo de rescate bancario como NCG ocultaron al inversor deliberadamente y con mala fe información relevante sobre el mal estado del banco "que hubiese generado su huida [la de Gadisa] y su negativa a la firma" del contrato de compraventa de las acciones.
En el momento de la operación había dudas sobre la viabilidad de Novagalicia y empezaba a planear la posibilidad de realizar un ajuste retroactivo en las cuentas de la entidad. Unos hechos que, defendía la demandante, el FROB y NCG conocían y ocultaron deliberadamente a los empresarios gallegos.
Ese primer fallo, sin embargo, fue recurrido por las demandadas y la Audiencia Provincial de A Coruña lo tumbó al entender que el FROB no ocultó información y que, de hecho, ni siquiera participó en las conversaciones para que los empresarios gallegos se incorporasen al accionariado.
No era inversor minorista
Al mismo tiempo, señalaba que Gadisa no era un inversor minorista, por lo que tenían experiencia en operaciones de este tipo y debía asegurarse de que la transacción cumplía todas las condiciones para alcanzar sus expectativas.
El auto del Supremo avala la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña e impide así que el grupo de distribución alimentaria de Betanzos pueda recuperar los 10,1 millones invertidos en el ya desaparecido NCG (ahora Abanca).
El FROB ya daba por descontado que ganaría los procesos judiciales contra los empresarios gallegos y en 2016 -sin haber ninguna resolución del Supremo- decidió eliminar las provisiones que había realizado previamente para posibles indemnizaciones a sus antiguos socios. Las reserva de fondos llegó a rozar los 21 millones de euros hasta 2014.
