El Gobierno central prepara una nueva vuelta de tuerca en materia de impuestos. El Ejecutivo planea una amplia reforma que giraría sobre dos ejes. El primero, en línea con la ofensiva de las autoridades contra el diésel, sería elevar sus impuestos, que amenazan con un nuevo encarecimiento de este carburante, que en Galicia registra los precios más altos de toda la Península. El segundo, una armonización de los impuestos medioambientales actualmente en manos de las comunidades autónomas con el objetivo de evitar las fuertes variaciones que existen ahora entre unas autonomías y otras.
El Ministerio de Hacienda persigue dos objetivos. Bajo el paraguas de la preservación del medio ambiente, la medida lograría impulsar las maltrechas arcas públicas con un subida de los ingresos fiscales y, de paso, combatiría el diésel con el ataque a uno de sus principales atractivos: su menor carga fiscal. Y es que en Galicia, donde el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos alcanza el máximo legal (4,8 céntimos por litro), repostar un litro de gasolina con plomo obliga a un desembolso de 48,2 céntimos en impuestos, mientras que si el vehículo es diésel esta cifra se reduce hasta los 35,5 céntimos.
La decisión del Gobierno de incluir esta medida en la reforma de la financiación autonómica, que desveló ayer el diario El País, alertó a las asociaciones de transportistas, que prevén que este impuesto acabe recayendo sobre las espaldas de los usuarios en forma de mayores precios -excepto a los dueños de camiones de más de 7,5 toneladas, a los que se les acaban devolviendo estas cantidades-. Una situación que agravaría el problema que ya se vive en Galicia, donde el gasóleo cotiza, de media, a 1,178 euros el litro en las gasolineras. Se trata de un sobreprecio de 5,4 céntimos el litro respecto a lo que se paga en el resto del Estado (un 4,8% más).
El alza fiscal previsiblemente elevará aún más la recaudación de este tributo en Galicia. Los presupuestos de la Xunta incluyen la previsión de ingresar 571,48 millones en esta partida, de los que 482,9 millones corresponden al tramo estatal y los 88,5 millones restantes, al autonómico. Solo este gravamen sobre los combustibles sostiene el 5,3% de los 10.724 millones que la Xunta tiene previsto gastar a lo largo de 2018.
La reforma de Hacienda se completaría con un giro a los impuestos medioambientales, que pretende homogeneizar de manera progresiva. La intención del departamento que dirige Cristóbal Montoro es establecer unos tipos máximos y mínimos para evitar los fuertes contrastes que se dan en la actualidad. Esta reforma afecta a los cinco impuestos verdes que aplica Galicia en la actualidad y con los que logró recaudar 88,2 millones de euros a lo largo de 2016. Esta cantidad supone el 0,82% del total de los ingresos obtenidos por la comunidad durante el ejercicio.
Dentro de los impuestos medioambientales, la mayor parte se la lleva el canon de saneamiento del agua. Este tributo que grava el consumo de agua aportó solo en 2016 más de 47,1 millones de euros. Los siguientes tributos verdes que más aportaron a las arcas de la comunidad fueron dos que tienen en el foco a las compañías eléctricas. Se trata del canon eólico, que dejó 23,2 millones, seguido del impuesto al agua embalsada, que contribuyó a los ingresos autonómicos con 13,9 millones de euros. Por último, aunque de menor impacto, aparece el impuesto por contaminación atmosférica (3,9 millones de euros).
