Las pensiones están en la agenda política y ciudadana de esta semana con dos hitos principales: mañana, miércoles, el Congreso de los Diputados debatirá la situación del sistema público en un pleno monográfico; el sábado, los jubilados reanudarán las movilizaciones en la calle, con concentraciones en las siete ciudades gallegas y otras importantes localidades de Galicia. En ese contexto, los partidos perfilan sus propuestas para reforzar la financiación de las pensiones. Entre ellas figura una del Gobierno que consiste en pagar las prestaciones de viudedad y orfandad con cargo a los impuestos generales y concentrar los ingresos por cotizaciones sociales en las pensiones de jubilación.

Esta última es una de las opciones que, según medios gubernamentales, estudia llevar al Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Supone "profundizar en la separación de fuentes de financiación" del sistema. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, las pensiones no contributivas o asistenciales ya se pagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que también ocurre con los llamados complementos a mínimos (cantidades que reciben los pensionistas con ingresos más modestos para alcanzar los mínimos que se fijan por ley).

Pagar las pensiones de viudedad (casi 187.000 en Galicia) y orfandad (cerca de 23.800) con los tributos generales cerraría en apariencia el déficit de la Seguridad Social (unos 18.000 millones en 2017), de modo que los ingresos por cotizaciones sociales bastarían para pagar las demás prestaciones e incluso para actualizarlas con más generosidad que ahora (por encima del magro 0,25% que ha desencadenado las protestas en la calle). Sin embargo, como ha hecho notar un sector de expertos hacendistas, una reforma así no resolvería el problema financiero, únicamente lo cambiaría de sitio dentro de las cuentas públicas, a no ser que se subieran los impuestos para elevar los ingresos. El PP rechaza este último camino.

La posibilidad de sacar las pensiones de viudedad y orfandad -en total, unos 23.000 millones de euros al año, mas de 1.570 millones en Galicia- de las cuentas de la Seguridad Social es visto con recelo por otros partidos políticos, caso del PSOE. Se teme que un paso así conduzca con el tiempo a la transformación de pensiones que ahora son contributivas (calculadas según el historial de cotización de la persona fallecida) en prestaciones asistenciales y, por lo tanto, de menor cuantía. Fuentes gubernamentales han precisado que, aunque las pensiones se pagaran con impuestos, los derechos de los beneficiarios, en su inmensa mayoría mujeres, se mantendrían intactos.

A las puertas del debate parlamentario sobre las pensiones, las asociaciones de jubilados y los sindicatos han unido fuerzas para continuar con la agenda de movilizaciones en favor de las pensiones públicas y para reclamar una revalorización de las prestaciones que no implique la pérdida de poder adquisitivo. El próximo sábado hay convocadas manifestaciones y concentraciones en la principales ciudades de España, entre ellas las siete gallegas (en A Coruña está prevista una concentración en el Obelisco a las 12.00 horas). Pero la movilización también llega a otras localidades como Noia, Pontedeume, Ribadeo, O Carballiño, O Grove, Cangas o Tui.

La revalorización de las pensiones aprobada en los últimos cinco años por el Gobierno fue del 0,25%, el mínimo que permite la ley, lo que provoca que en los últimos ejercicios los jubilados hayan perdido poder adquisitivo. En los primeros años de subida del 0,25% no hubo esa pérdida porque la inflación fue negativa, pero ahora el alza de los precios es superior al 1%, por lo que los pensionistas pierden cerca de un punto de capacidad de compra.