Tras la vuelta del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017 a los niveles precrisis y la previsión de que este año España salga de la tutela europea por la corrección del déficit, para el próximo ejercicio queda pendiente alcanzar los 20 millones de ocupados y completar lo que la ministra de Empleo define como "el trienio de la recuperación social". De que siga el crecimiento y la creación de trabajo depende el futuro del sistema de pensiones, insistía ayer Fátima Báñez. "Tenemos que preservar y mejorar las pensiones de los pensionistas que hoy están cobrando -reconoce-. También tenemos que garantizar las pensiones de los jóvenes y las que van a llegar en el futuro. Porque España tiene un modelo público de pensiones sostenible". Aunque habitualmente el debate sobre la delicada situación de la Seguridad Social se centra en el reto del envejecimiento, el desequilibrio entre ingresos y gastos no puede desvincularse de la sangría del mercado laboral en la doble recesión y la temporalidad y los puestos de horas o días que alientan la contratación. De ahí que a estas alturas los nuevos jubilados, con bases de cotización más elevadas, cobren de media más que la mitad de los asalariados en Galicia, un territorio históricamente de sueldos bajos y, por tanto, con las menores pensiones.

Y eso que en 2017 las prestaciones sufrieron el impacto de las últimas reformas del sistema de pensiones y de los periodos de cotización nula entre los parados de más edad. Por primera vez la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación cayó en la comunidad. La media de las altas de 2016 fue de 1.168,8 euros, según los datos de la Seguridad Social y el Instituto Galego de Estatística (IGE), después de un alza del 27% en comparación con 2008; y el pasado año bajó a 1.163,3 euros.

El importe de las de viudedad, calculadas a partir de la base reguladora del fallecido, no ha dejado de crecer. Las altas de 2017 rondaron los 585 euros, un 27% igualmente por encima de 2008.

La principal fuente de financiación de las pensiones -un colchón fundamental en muchas familias por la merma de los ingresos en la crisis: en Galicia elevaron el gasto un 25% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores- son las cotizaciones sociales. Si hay menos ocupados y sus retribuciones son más pequeñas, las cuentas no dan y, como sucede desde 2011, es imposible salir del déficit. El de 2017 alcanzó los 18.000 millones.

Entre la recaudación directa de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, los ingresos por cotizaciones en Galicia en 2016 -los últimos cerrados- ascendieron a 5.371 millones. El gasto en pensiones en Galicia sumó 7.342 millones y superó los 7.880 millones si le añadimos el resto de prestaciones, como las bajas o los permisos de paternidad. Hay un tercio del coste que no se cubre con la aportación de los trabajadores gallegos.

El agujero podría empeorar a la vista del comportamiento del mercado laboral gallego. Alrededor de la mitad de los trabajadores, unos 500.000, recibe al mes menos de los 1.160 euros que, de media, alcanzan las nuevas pensiones de jubilación de los últimos años, según el último informe Mercado de Trabajo y Pensiones Mercado de Trabajo y Pensionesde la Agencia Tributaria, con la fotografía de 2016. Había en ese momento 43.400 asalariados más que en 2014, cuando se dejó de destruir empleo. De ese total de nuevos ocupados, uno de cada cuatro no cobraba más de 655 euros al mes, el salario mínimo. Otro 30% se movía entre los 655 y los 982 euros. Así que la mitad del incremento laboral se centra en Galicia en los tramos más bajos de retribuciones.